El genocidio argentino: la cuestión de su Juzgamiento


Introducción


EL GENOCIDIO ARGENTINO: LA CUESTION DEL JUZGAMIENTO

Por Shekina López Morales

“Cinco dificultades para escribir la verdad: hay que tener el valor de escribirla, la perspicacia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, la inteligencia de saber elegir a los destinatarios y sobre todo una gran astucia para poder difundirla”[1]


Introducción
La hipótesis del trabajo es intentar buscar algún tipo de respuestas a la cuestión de la posibilidad jurídica en la República Argentina de calificar como genocidio los hechos sucedidos durante la dictadura militar, en el período que va desde el año 1976 hasta el año 1983. Me propongo tomar algunos casos testigo de los procesos judiciales que se están realizando en la actualidad en el país para analizar el despliegue jurídico de argumentos, el contexto normativo internacional y brindar algún aporte desde la teoría política, a fin de extraer conclusiones relevantes.

El primer proceso de juzgamiento en Argentina: Causa Nº 13 de 1984
Al analizar sintéticamente los sucesos llevados a cabo en la Argentina durante la época mencionada es necesario mencionar la primera causa penal que se llevo a cabo respecto del juzgamiento de la Junta Militar (Causa N°13/84). Los jueces, al realizar una elaboración de los hechos históricos ocurridos, determinan que se ha perpetrado un sistema de destrucción y de aniquilación de lo que sería denominado por el Estado, la “subversión”:
“…La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político ideológica dirigida a vulnerar el orden político administrativo existente, que se apoya en la explotación de insatisfacciones, reales o figuradas, de orden político, social o económico.”[2]
“Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o una bomba sino cualquiera que difunda ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana”[3]
Eran "los enemigos del alma argentina", así los denominaba el General Luciano Benjamín Menéndez que, por alterar el equilibrio debían ser eliminados[4]
Es menester aclarar que las movilizaciones políticas de oposición (ERP, Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias) a pesar de contar con una organización militar, recursos militares y el apoyo de medios de comunicación masiva (aproximadamente 20.000 personas) contaron únicamente en Tucumán, con una unidad territorial bajo su control que pudiera poner en riesgo a la población.
En el año 1975 el gobierno constitucional de entonces sancionó leyes de fondo y de procedimiento que estaban dirigidas a prevenir o reprimir la actividad terrorista. Se crearon nuevas figuras penales, agravando las escalas penales de otras ya existentes, en relación a delitos de connotación subversiva. En septiembre del mismo año se promulgó una ley que estableció un régimen de penalidades para distintas actividades terroristas, y por medio de decretos[5] se reglamentó el trámite de la opción para salir del país durante el estado de sitio. Esto permitió que las zonas de riesgo fueran sofocadas y a su vez, derrotados los grupos armados, desbaratando los centros de mando.
A pesar de esto, el aparato del Estado legislación mediante[6] y la colaboración de las Fuerzas Militares, el 24 de Marzo de 1976 por medio del Golpe de Estado concertaron en el territorio de la Nación, una unidad de acción a fin de aniquilar los elementos subversivos de la población, por medio de los secuestros, traslados a centros clandestinos de detención, torturas y desaparición de personas que se sucedieron en nuestro país sistemáticamente en ese período.
Cabe destacar que la categoría perseguida por el Estado se basó en la persecución al elemento “subversivo[7]” de la población, esto en cuanto a una filiación o pertenencia a grupos militantes socialmente o políticamente de oposición o con perspectiva crítica al gobierno. Ya dentro de los campos de detención, las torturas y vejaciones aumentaron en consideración a pertenencia racial, religiosa y étnica[8], pero la causa de esto fue una persecución determinada por el Estado, en base a la oposición al modelo social, económico y político que los Militares buscaban instaurar.
Esta sentencia profundamente descriptiva y reveladora es la base de un sustrato fáctico que permite establecer responsabilidades ulteriores a todas las personas imputadas y procesadas por los delitos cometidos en esta época, donde se dio un marco descriptivo amplio de los sucesos históricos a fin de facilitar el juzgamiento. De este modo se puede comenzar el debate sobre si es asible la definición de genocidio para lo que sucedió en nuestro país.
Sentencia “Etchecolatz”: Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata
En la sentencia de la Cámara “Etchecolatz” se define lo sucedido en la dictadura militar como un delito de lesa humanidad en el contexto de un genocidio. Y aquí es donde debemos establecer las características de cada uno de los crímenes. El delito de lesa humanidad aparece ya en la Convención de La Haya de 1907 y en Protocolos 1 y 2 del Convenio IV de Ginebra[9]. El origen del concepto representa un ataque generalizado a población civil de forma indiscriminada, dentro del cual y junto al Estatuto de Roma[10], se incluye a los grupos políticos. La descripción de sus orígenes y la frase “población civil” nos revela lingüísticamente y por contraste un contexto bélico (el término población civil se enmarca en ese ámbito). En dicho contexto bélico el objetivo del ataque sería llevar a cabo una guerra o concluirla. En contraposición a esto el genocidio que comparte muchas de las características, eleva una descripción más: la intención del aparato estatal de destruir o aniquilar a un grupo determinado[11] y a su vez independiza el hecho de un contexto de guerra, por lo que podrá darse en ese marco político e histórico o no.
Es decir que en esta sentencia, al enmarcar el delito en un contexto de genocidio podemos entender que el proyecto mayor era el genocidio llevado a cabo por el Estado, en lo que ellos denominaron el “Proyecto de Reorganización Nacional”, y en el marco de ese genocidio, se sucedieron crímenes de lesa humanidad, es decir los ataques a población civil. Esto, igualmente produce confusión y diluye la acción del genocidio. Al fin explicativo, si se podría establecer jurídicamente que en Argentina sucedió un genocidio “a secas” implicaría admitir que el aparato estatal fue concertado y unido sistemáticamente con la deliberada intención de destrucción y aniquilamiento de un grupo, pero no al azar, sino el grupo que disentía de las ideologías o políticas del poder estatal. Intención esta, que en un crimen de lesa humanidad no se verá porque se intenta enfatizar las características de la acción de ataque generalizado, pero en cambio en un genocidio se denota: la eliminación “selectiva”. Hay una razón y hay un porque a la destrucción masiva: una intención subyacente por parte del Estado que avasalla las condiciones humanas de la población en pos de un objetivo.
Al analizar, los fundamentos de la sentencia de Etchecolatz, encontramos una serie un tanto incoherente de argumentos por parte del derecho internacional y de categorizaciones infundadas sobre la pertenencia al “grupo nacional” de los grupos subversivos, así mismo la necesidad ética y jurídica de establecer el genocidio en la Argentina a fin de construir la verdad de los acontecimientos y como una construcción de la memoria colectiva. Dentro de esta base de argumentos se citan definiciones sociales del genocidio (las llamadas “practicas sociales genocidas” del autor Daniel Feierstein) por lo que podemos ver la escasez de lógica argumentativa jurídica cuando se debe hablar de genocidio, cuestiones que pasaré a desarrollar adelante.
A simple vista parece infundado el tema de la pertenencia al grupo nacional dado que implicaría que este grupo nacional se auto destruye a sí mismo, debido a las similitudes entre víctimas y perpetradores[12], la única diferenciación sería una ideología, y no parece que la ideología política tenga entidad suficiente para establecer una descripción como “nacional”. Pero a su vez, es fuerte el argumento respecto del genocidio en Ruanda, como ejemplo, donde hutus y tutsis compartían cultura, religión y lengua, pero se enfrentaron por su pertenencia a una denominación diferente en base a divisiones que venían de percepciones colonialistas (distinción en el documento de identidad introducido por régimen colonial belga[13]). Pero aquí interviene también la auto identificación[14] de las víctimas como pertenecientes a un grupo diferenciado, al mismo tiempo que lo identifican los perpetradores. En la Argentina las víctimas no se percibían como diferentes a la Nación Argentina, esta determinación fue hecha desde el aparato político en una organización clandestina sin el consentimiento o asentimiento de las víctimas, esto surge claramente de los hechos en que muchas víctimas no supieron durante el secuestro, la razón por la que eran secuestradas.
Del sistema construido por el aparato estatal, las torturas principalmente arrojarían información y datos sobre futuros “subversivos” (cercanos a la movilización social o partidaria) entre sus fines y en muchos casos implicó únicamente la desmedida violencia, degradación y maltrato a las víctimas, ya que estas no poseían información alguna.
Sentencia “Von Wernich”: Tribunal Penal Nº1 en lo Federal de La Plata
En la sentencia de Von Wernich, a pesar de ser un año después de la de Etchecolatz, el juez no tiene reparos en repetir en el tema del genocidio, los mismos argumentos que en el anterior a la hora de establecer razón suficiente sobre la categoría de genocidio como término legal, por lo que podemos ver una serie de problemas de tipo jurídico y discursivo que no prospera ni se desarrolla progresivamente, al contrario permanece estancado. Se promueve el discurso sociológico de mencionar aunque sea de forma mediocre, la idea de un genocidio en la Argentina. Este, aunque sea incipiente, abre el debate jurídico acerca de la temática, a requerimiento de las víctimas y la sociedad en su conjunto, lo que demuestra que se requiere de una construcción e investigación más esforzada de la temática en el contexto jurídico.
Consideraciones respecto a la problemática en el ámbito del Derecho
Es necesario aclarar algunas premisas que se dan de forma implícita, que en vez de colaborar con el esclarecimiento de estas nociones, aumentan la dificultad. Condiciones que quizás sean inherentes al análisis jurídico de este tipo de fenómenos o no pero subsisten en las formas de argumentación. Esto es el excesivo análisis teórico, hipotético y gramatical hasta las fuentes más remotas del derecho, lo que resulta detestable ya que estas disquisiciones teóricas sobran en el derecho, hasta el punto de alejar por completamente el foco de la realidad, creando normas jurídicas inválidas, vigentes pero ineficaces. Así también, el positivismo rigorista o formalista que reduce los conceptos más importantes del derecho en categorizaciones o sistematizaciones de conceptos contrapuestos falazmente (y de interpretación restrictiva) como también la ingenuidad o simpleza de resumir todo en la letra de un texto normativo, como si sólo eso diera existencia a las cosas en el mundo material.
Y esto es traído al debate debido a los graves problemas que rodean la definición jurídica de la Convención de 1948 dado que en este instrumento internacional no se formula una definición legal del genocidio (pese a que hubo propuestas en tal sentido), sino a través de la enumeración de los actos que son considerados como genocidio a los fines de la Convención (no se precisó el significado de ellos), siendo su principal característica que “… el acto debe estar dirigido hacia la destrucción intencional de un grupo…” a pesar de que los autores más influyentes de la época habían realizado esbozos sobre una definición de genocidio (Donnedieu de Vabres, Rafael Lemkin, M. Vespasiano Pella[15])
Pero es necesario reflexionar si la enumeración de estos grupos posee un carácter prescriptivo o descriptivo aunque “la conformación de la victima de este tipo de delitos está vinculada a la construcción que hace del sujeto pasivo (grupo) el sujeto activo, a saber, el victimario, lo cual haría intrascendente la enumeración prevista en la Convención”[16]
Frente a la temática del genocidio es evidente la falta de percepción e iniciativa para brindar herramientas de clausura o de solución en la aplicación de las normativas, deviniendo esto en contradicciones, múltiples opiniones (lo que no es una característica esencialmente negativa, pero frente a cuestiones de este tamaño y la incompletud reconocida e ineficacia del derecho, obsta a dar respuestas razonadas, cayendo en argumentos falaces) y una tendencia a fraccionar las discusiones que aumenta las divisiones, contradicciones y confusiones, a la hora de analizar semejantes conceptos.
En el plano internacional difieren doctrinas y perspectivas opuestas, en el plano interno a su vez frente al silencio normativo, la discrecionalidad amplia el espectro muchas veces de esta cultura de la impunidad o la evasión por medio de tipificaciones más laxas, en este caso.
Una enumeración restrictiva de los grupos protegidos no puede hacernos perder de vista, que la elección del grupo objeto de destrucción constituye un dato esencial para la configuración del genocidio. Debe sumársele el hecho de que el grupo víctima no siempre constituye una realidad social, sino que muchas veces es producto de una representación del perpetrador asesino, quien lo observa y lo construye ideológicamente como una amenaza para su propia supervivencia[17]
Cuando vemos en el ámbito internacional en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio se trata el tema de genocidio, en los antecedentes infinitamente nombrados en toda la doctrina y literatura conocida (Resolución 96 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dos proyectos previos a la Convención, y aún las citas a Raphael Lemkin) podemos observar que a la hora de esbozar la Convención, el genocidio político fue dejado de lado deliberadamente por razones coyunturales histórico-políticas de la época (y de la actualidad también) . Dado esto, si las razones de esta cuestión se dieron por fuera del derecho (utilizando el derecho solo para manipular y determinar este sistema) no tiene utilidad práctica buscarle razones o fundamentos jurídicos, aún más abundando en justificaciones sociológicas o filosóficas a esta exclusión, porque es en parte colaborar a que ésta exclusión se arraiguen con mayor fundamentos en la conciencia colectiva. Se excluyó justamente porque a los Estados políticamente no les convenía la inmersión de una categoría en la Convención que pueda perseguir desde el ámbito internacional el elemento motriz de su existencia: tanto positivo como negativo: la política. Por medio de la política un gobierno asciende, se perpetúa en el poder, lucha, contiende, busca y logra sus ambiciones más íntimas (y aún más perversas) por lo que analizar categorías de persecución o de destrucción de grupos políticos, es desnudar la esencia misma de todo gobierno político. Echando una mirada retrospectiva, la mayor parte de los genocidios llevados a cabo durante el siglo XX y siglo XXI tuvieron esta nota característica, la persecución política.
Pero a la hora de llevarlo al ordenamiento jurídico hubo una intención, de los Estados de no ampararlo en la Convención, con la idea de negar la perpetración de un genocidio político o quizás permitir su impunidad. Cabe aclarar que esto se dio en el ámbito internacional, pero a su vez se le dio discrecionalidad a los Estados para que en sus ordenamientos internos puedan tipificar el genocidio (y determinar las sanciones penales pertinentes) de la forma que ellos prefieran, de considerarlo necesario. Muchos países optaron por esto, y en sus ordenamientos penales tipificaron el delito de genocidio con amplitud, incluyendo los llamados “grupos políticos”[18]. Esto no sucedió en la Argentina.
A partir de esa época (década del cincuenta) y en adelante, múltiples tratados respecto del Derecho Penal Internacional fueron creados por la comunidad internacional. La cuestión del “genocidio político” fue deliberadamente dejada de lado, y creo yo en la inteligencia de que los Estados con la facultad de legislarlo y de crearlo lo harían, siempre remarcando esto como útil y necesario. Hoy por hoy el consenso para declarar esta verdad política sobre las potencialidades latentes de los Estados, en el ámbito internacional, no está preparado para llevarse a cabo, porque implicaría que Tribunales, Organizaciones internacionales y Estados pudieran intervenir (esto en una categoría de “deber ser”, es decir se encontrarían jurídicamente facultados para hacerlo) en este tipo de genocidios que por su característica política se los ha denominado “la cuestión doméstica interna” frente a prácticas normales y comunes de los Estados que todavía se llevan a cabo con suma frecuencia. La posibilidad de utilizar el concepto de genocidio político como concepto jurídico ha sido vedado y delegado a los Estados, por ende al leer sentencias como la de Etchecolatz nos vemos en una situación de incoherencia lógica sistémica porque, en este afán del derecho de poder afirmar el tema del genocidio político, lo cual es loable pero en defecto o ausencia de una base normativa que no existe, todavía estamos frente a la utilización de diferentes recursos y auxilio de otras ciencias que dieron el paso analítico de señalarlo, creando desde el derecho estas teorías adyacentes sobre la cuestión del “grupo nacional”, el reconocimiento de genocidio en busca de la verdad para una construcción colectiva de la memoria, etc. Así también, la innovación de las prácticas sociales genocidas con el fin de atacar la falta de iniciativa jurídica y política, otras ciencias han presionado para que esta verdad sea esclarecida: el genocidio argentino sucedió, aunque haya graves problemas desde la normativa para determinar este concepto jurídico. Esto también debido a que no haya personas que puedan asumir el costo político de tomar estas decisiones (estos sean jueces, fiscales, abogados, etc. )
Resolución de Videla: Causa del Cuerpo del Ejército (I)
De esta noción, la resolución de Videla en el juzgamiento del Cuerpo del Ejercito I, expresa que al no existir una norma jurídica vigente que permite enmarcar los episodios que se ventilan, esto es la persecución con intención de destrucción de un grupo político, no se le puede dar las consecuencias jurídicas materiales y simbólicas de genocidio. Dado que ninguno de estos delitos se encuentra tipificado así como la graduación de la pena, materialmente no hay diferencia o mayor relevancia desde esta perspectiva entre ambas denominaciones (genocidio y delito de lesa humanidad). En el ámbito internacional se denuncia una intención deliberada de los Estados de negarle existencia a los grupos políticos sobre genocidio, pero habrá que investigar en el ámbito interno, las razones por las que, el Congreso de la Nación Argentina, no ha tomado en cuenta aún el asunto para legislarlo, habiendo proyectos de reformas al Código Penal que han sido presentados.
Problemas de definición sobre el genocidio
Al analizar los tipos de grupos que se enumeraron en la normativa internacional, no surge ninguna caracterización ni mención respecto de las ideologías (salvo la religión). Aunque también se producen argumentos que expresan que los grupos políticos se excluyen de lo que se denomina un genocidio porque es una pertenencia del “hacer” humano más que del “ser”. En el Tribunal Penal Internacional de Ruanda se trata de interpretar la Convención en la definición de los grupos, y se habla de esta cuestión de “movilidad”
“(…) la exclusión de los grupos más móviles a los que uno se integra a través de un compromiso voluntario individual, como por ejemplo los grupos políticos y económicos (…) Un criterio común entre los cuatro tipos de grupos protegidos por la Convención sobre Genocidio es que parecería que la pertenencia a dichos grupos no es normalmente objetada por sus miembros, que pertenecen a ellos automáticamente, por su origen, de un modo continuo y generalmente irremediable”[19]
Al observar los testimonios de las víctimas en Argentina, surge claramente que muchas víctimas pertenecían a determinada facción política, pero otros eran indiferentes a la política y más bien contaban con una afinidad a la movilización social y comunitaria crítica. En la sistematización del trato fueron asimilados (en comparación con otro tipo de genocidio) a cualquier persecución étnica, racial, nacional o religiosa, y con eso me refiero a que partimos desde la base que no había posibilidad de retractarse, el trato, la denigración, la tortura y aún la misma sentencia de muerte por parte de los perpetradores se dieron de la misma forma: implacable. No había ninguna forma de volver atrás, de hacer “movible” esta percepción de la identidad. La impresión, realizada por los perpetradores sobre la condición de las víctimas era indeleble. Era parte de su esencia, su ser y por ende merecían la muerte.
Esto es notable en la discusión filosófica o sociológica. La pertenencia a un grupo político: lo que se podría describir como “persecución ideológica” considero que es la practica genocida más aterradora de todas porque permite que entre dos individuos que comparten similitudes biológicas, raciales, étnicas y nacionales, la condición “ideológica” o militancia “política” establezca una cesura de un continuo social, histórico y cultural[20].
Lleva a tal punto el énfasis de la negatividad del otro, que merece la muerte, la destrucción y la desaparición, por el solo hecho de no responder a una idea que defiendo, no apoyar o contar con un punto de vista opuesto. Concluyendo este punto, no me parece menospreciable o desdeñable por debajo de las otras categorías de genocidio (racial, religioso, étnico y nacional) al contrario demuestra un ensañamiento y perversidad mayor, porque demuestra que ninguna vinculación humana puede sustentar la relación de humanidad cuando una ideología (llámese política o cualquier otra) separa y diferencia a dos personas. Es más, esto puede ser un argumento válido y suficiente para el Estado a fin de enfrentarse a una persona. El grado de intolerancia y a su vez la relevancia de una ideología por encima del derecho a la vida de las personas, amerita una reflexión profunda desde las perspectivas antropológicas, sociológicas y jurídicas respecto de la construcción del individuo en la actualidad, inversamente proporcional a los valores democráticos y pluralistas que hoy defendemos.

Un breve aporte sobre la cuestión de “lo político”
Cabe analizar si el genocidio político existe, y que sería esto, en caso de existir. Dijimos que genocidio es la deliberada intención de un Estado, en función a un aparato sistemático de destrucción, el aniquilamiento de grupos. Ahora bien, a la hora de pensar un grupo político debemos reflexionar en que esto no es únicamente la agrupación de facciones políticas – izquierda, derecha- etc, sino toda construcción de un grupo caracterizado como “enemigo” que se origina desde el Estado. Como sistema de gobierno al definir al grupo tiene un origen político, aunque su lógica lingüística o discursiva no mencione caracteres políticos. La política es el modo de existencia y desarrollo de todo gobierno. Por lo que toda denominación que parte del gobierno, será en su esencia una distinción política, la construcción de este “grupo” es realizada desde el Estado. Y esta construcción no es noble ni administrativa, en el contexto de genocidio parte del objetivo de señalar a este grupo, desde el discurso político, como un “enemigo” con un determinado fin: el aniquilamiento y la destrucción del mismo.
Carl Schmitt[21], jurista alemán advierte que así como en el plano moral las distinciones de fondo como criterios son bueno y malo, en lo estético sean lo bello y lo feo, en lo económico lo útil y dañino, para referirse a las acciones o motivos políticos surge la categoría como distinción de amigo y enemigo. “el significado de la distinción de amigo y enemigo es el de indicar el extremo grado de intensidad de una unión o de una separación, de una asociación o de una disociación; ella puede subsistir teórica y prácticamente sin que, al mismo tiempo deban ser empleadas todas las demás distinciones morales, estéticas, económicas o de otro tipo (…) el enemigo es simplemente el otro, el extranjero y basta a su esencia que sea existencialmente, en un sentido particularmente intenso, algo otro o extranjero, de modo que en el caso extremo sean posibles con él conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni mediante la intervención de un tercero “descomprometido” y por eso “imparcial”. La posibilidad de un conocimiento y de una comprensión correcta y por ello también la capacidad de intervenir y decidir es dada sólo por la participación y por la presencia existencial. Sólo quien toma parte de él directamente puede poner término al caso conflictivo extremo; en particular, sólo el puede decidir si la alteridad del extranjero en el conflicto concretamente existente significa la negación del modo propio de existir y si es por ello necesario defenderse y combatir, para preservar el propio, peculiar, modo de vida”.
Por esto el antagonismo político es el más intenso y extremo de todos, cualquier otra contraposición concreta es tanto más política cuando se aproxima al punto extremo, el del agrupamiento en base a los conceptos de amigo- enemigo. Y por lo tanto el Estado afirma Schmitt, reserva para sí la decisión sobre la relación amigo – enemigo.
Por ende esta construcción de un grupo por parte del Estado, en el contexto del genocidio, es equiparable dada la intencionalidad de destrucción del mismo, a señalar un enemigo (hostis judicatus). Enemigos declarados por el poder, en esencia políticamente. Pero a su vez este accionar político en abstracto, no subsistiría si no se sabe quién en concreto será atacado, negado y enfrentado.
Por eso y a modo de conclusión, todas los grupos enumerados en la Convención de Genocidio serían grupos políticos, porque han sido definidos por un Estado que con la intención de aniquilar, en su ejercicio político, a un grupo, lo ha denominado como un “otro” con la ayuda de alguna categorización ad hoc llámese este étnica, nacional, religiosa o racialmente diferente, teniendo una base práctica y real o sino con una base puramente ficticia, es decir de naturaleza y construcción política (subjetiva). Ya lo decía el experto en leyes Benjamín Whitaker “dejar a los grupos políticos fuera de la protección de la Convención ofrece un pretexto considerable y peligroso que permite el exterminio de cualquier grupo determinado, ostensiblemente bajo la excusa de que eso sucede por razones políticas”[22] Valga la redundancia, toda intención y destrucción de un grupo por parte del Estado será por razones políticas, no hay otro tipo de razones que un Estado pueda esgrimir en el ejercicio del gobierno y del poder, y si lo hace, subyace siempre la motivación política del Estado.
Por lo que al analizar la exclusión de los grupos políticos en el campo de la definición de genocidio, podríamos definir a estos, no como “políticos” sino como ideológicos, esto es, un conjunto de personas unidos por un lazo ideológico, ya sea en el ámbito de lo político o social: la creencia o la pretensión de llevar a cabo cambios en la estructura y en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, perspectivas críticas o contestatarias. Pero frente a toda perspectiva despreciativa de esta categoría de grupo en base a su ideología, debemos recordar que estas cuestiones en el ámbito de nuestro país no se dieron en el ejercicio de gobierno de un Estado de Derecho sino en un Estado de facto, un estado policial que tenía como proyecto autodenominado “Reorganización Nacional”, donde el ejercicio del poder punitivo ocupaba todos los límites del Estado, las ideologías contrarias u opuestas fueron definidas como el “enemigo” y este a su vez como un ente peligroso.
El concepto de enemigo dentro de semejante Estado, implica que el único criterio para medir la peligrosidad y dañosidad es la subjetividad arbitraria del Estado policía, dándole a las agencias ejecutivas del estado encargadas de la coerción plena libertad para ejercer el poder punitivo.
“Las dictaduras se propusieron extinguir toda posibilidad de cambio social progresista. Y este poder punitivo se hizo por medio de un sistema penal subterráneo que procedió a la eliminación directa por muerte y desaparición forzada, sin proceso legal alguno”[23]
Por ende frente a una categoría dudosa o de débil protección como los grupos ideológicos, debemos contraponer un Estado policial sediento dentro de la sociedad para ejercer su poder punitivo, sin un estado u ordenamiento jurídico que lo reduzca y limite. Por medio del discurso político se ha señalado a esta categoría ideológica como su enemigo (como un ente a descifrar, ni siquiera determinado), nos encontramos con un poder punitivo descontrolado: frente al genocidio mismo, la masacre sucedida en nuestro país durante la dictadura.
Sobre la interpretación del concepto jurídico sobre genocidio:
Entonces la pregunta es ¿Cómo encuadrar el genocidio argentino en una tipología jurídica? Debido a los grandes problemas acaecidos con las terribles contrariedades que conllevo el concepto de la Convención sobre Genocidio, la aplicación e interpretación de los tribunales internacionales ad hoc sobre conflictos nacionales y reales ha cobrado un papel de notable importancia.
“los conceptos de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos han sido analizados en profundidad y, en la actualidad, no existen definiciones precisas de los mismos aceptadas por la comunidad internacional. Cada uno de estos conceptos debe ser evaluado a la luz de un determinado contexto político, social y cultural. (…) la pertenencia a un grupo es, en esencia, un concepto subjetivo más que objetivo. El perpetrador de genocidio percibe a la víctima como perteneciente a un grupo destinado a la destrucción”[24]
“La determinación acerca de si un grupo entra en la esfera de protección debería ser evaluada caso por caso, remitiéndose a las características objetivas de un determinado contexto social o histórico y a las percepciones subjetivas de los perpetradores”[25]
Por ende hoy en día, el avance y desarrollo de la interpretación de la definición jurídica de genocidio ha permitido analizar diferentes prácticas bajo la perspectiva del genocidio: cuestiones como el genocidio cultural, la noción de generocidio y la limpieza étnica[26].
Además, dentro del Derecho penal, hay tendencias de aceptación sobre el hecho de que la especificidad del tipo de figura delictiva requiere que el sujeto exterminador, para poder llevar a cabo su plan defina, delimite y prefije condiciones y características del sujeto exterminado, lo que hace innecesario que el mismo esté delimitado en un texto legal. Si se puede señalar estructuras genocidas montadas por el Estado, las condiciones de ejecución y la continuidad en sus tiempos para llevar a cabo el aniquilamiento. Esto aún en ausencia de otras pruebas de mayor contundencia, puede ser plena prueba de esta intención de destruir total o parcialmente el grupo, y revelar el propósito que guió al agente. La motivación puede surgir de vínculos nacionales, raciales étnicos, religiosos, ideológicos o culturales, esto es secundario, mientras se de por probado que el gobierno o una estructura organizada del poder sistemáticamente esta llevando a cabo acciones a fin de hacer desaparecer total o parcialmente a un determinado grupo humano.[27]
Esto revela que frente a la iniciativa y estudio de los jueces, no hay parámetro que detenga el análisis, por lo que el concepto de genocidio ideológico en la República Argentina debería continuar ser estudiado, con la colaboración de las ciencias sociales (en la construcción social de grupos) para concluir en un análisis más profundo al debate, una respuesta afirmativa en el ámbito judicial, con el valor necesario así también para clarificar y manejar la cuestión de lo político y responder a la necesidad de justicia.
Conclusión:
Frente a este desarrollo interesa, una correcta aplicación del derecho sobre el genocidio, pero aún más allá interesa a nuestro país recuperar las realidades simbólicas de la comisión del genocidio en Argentina, durante la dictadura. Los efectos de la impunidad, ignorancia e indiferencia afectan las generaciones posteriores, dejándolos a la deriva frente a prácticas concientes y constantes de la política, del Estado, vicios y poderes latentes. La obstinación e indiferencia desde el Derecho en negar lo sucedido impide la reflexión y la construcción de nuevas herramientas jurídicas (y sociales) frente a las circunstancias que surgen y resurgen desde el poder, las leyes y la política avasallando a la sociedad, los derechos y las leyes y dejando al individuo indefenso y sometido en su propia ignorancia.
En la sentencia de Von Wernich, se hace una conclusión llamando a la reflexión, acerca de la revictimización de las víctimas, valga la redundancia, haciendo hincapié en la tediosa formalidad y lentitud de los procesos judiciales llevados a cabo y la mención de la desaparición de uno de los testigos fundamentales de las causas: Jorge Julio López en el año 2006. Esto denuncia claramente que el ejercicio de estas prácticas genocidas permanece latente en una sociedad donde se ha acallado, ocultado y olvidado la dimensión y consecuencias del genocidio en Argentina.
En esta cuestión es necesario denotar, que han transcurrido treinta años desde la dictadura, treinta años que nos dicen que muchas de las generaciones que nacieron, crecieron y se nutrieron ideológicamente de las ideologías militares de aquella década, ya en el poder, hoy ya “travestidos”[28] del lado de la democracia, cumplen cargos en la política y en el ejercicio del juzgamiento de estos procesos. Lo cual no implica necesariamente la impunidad y la falta de capacidad objetiva de castigar aquellos hechos, pero si, una cierta limitación y perspectiva en cuanto al tema de la responsabilidad y la culpabilidad colectiva. El individuo no puede olvidar ni dejar de lado su sistema de creencias, valores e ideas, sea cual sea el cargo que ocupe, y por ende, treinta años de democracia es casi nada, para poder señalar y condenar cuestiones de las que hoy en día todavía se habla con absoluta ignorancia (sea por negligencia, indiferencia o deliberada opinión). En la esfera social se añoran actualmente las épocas de dictadura y aún se elogia la ideología (con énfasis en las cuestiones de seguridad, intolerancia y cosificación del otro, individualismo, rechazo de la protesta social, etc) denotando una insuficiencia de nuestra sociedad de poder reflexionar y denominar aquellos hechos en la dimensión que se sucedieron. Al punto que frente a los estrados judiciales de nuestra época, un testigo víctima de la dictadura se encuentra desaparecido, como una paradoja trágica para describir o revivir las situaciones que vivieron miles de personas en aquella época, sobre la que hoy ellos relatan y como sociedad buscamos que se juzguen para que no se sigan repitiendo, y nuevamente esto viene a recordarnos el tremendo sentido de actualidad e inminencia que depara el genocidio.
“Cada vez que se acalla la memoria, se rehuye el diálogo, se instala el Olvido, aparece la enfermedad. Y una de las maneras de contribuir a la sanidad es el ejercicio de la memoria”[29]
La cuestión de la interpretación de la definición jurídica, respecto de los grupos susceptibles de padecer un genocidio, debe ser reformulada, ya que esta resistencia a lo político, implica una ingenuidad pueril sobre las manipulaciones y el ejercicio ordinario de los gobiernos en todo país, que se busca por todos los medios ocultar. Así también, hablar de intención estatal, en el delito de genocidio, nos revela, que detrás de todo órgano burocrático o político hay individuos con motivaciones, deseos y objetivos individuales y subjetivos que hallan en el aparato estatal la vía y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. No olvidemos esto al analizar las leyes, las políticas de estado, las sentencias judiciales, etc. Todo esto se resalta en el delito de genocidio, razón por la cual se provoca tanta resistencia en los tribunales a la hora de aplicarlo, a la hora de decidir por parte de jueces, fiscales y abogados si vale la pena formularlo jurídicamente y defenderlo. No está demás destacar la carga emotiva del lenguaje y el efecto social y político de calificar al fenómeno argentino de la dictadura como un genocidio, para hacerlo se requiere algo más que inteligencia jurídica. Pero es a partir de ese reconocimiento doloroso y de ese impacto que toda sociedad puede reconstruir y retomar un hilo histórico y social que le permita avanzar, a medida que la reflexión y la verdad se hacen conocidas. Descorriendo este velo de lo político, será mucho más fácil analizar todas las categorías de grupos que puedan ser pasibles de sufrir genocidios. La Convención sobre el Genocidio, habla también de la prevención del mismo y esto será logrado solo cuando nos desatemos de la rigidez interpretativa y la comprensión restrictiva. Ningún análisis jurídico se puede clausurar únicamente en un confronte normativo, el estudio interdisciplinario (ya sea político, social, histórico, antropológico, etc.) es imprescindible para crear y construir argumentos y fundamentos jurídicos razonables a la hora de crear las leyes y aplicarlas.


Bibliografía:

- Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos Humanos. Año 2008
- Feierstein Daniel “El Genocidio como Práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina” 2007 Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- Feierstein Daniel compilador “Genocidio: la administración de la muerte en la modernidad” Editorial de la Universidad Nacional de Tres de febrero.
- Matthias Bjornlund, Eric Markusen y Martin Mennecke, “¿Qué es el genocidio? En la
búsqueda de un denominador común entre definiciones jurídicas y definiciones no
jurídicas”, en Daniel Feierstein (ed.), El genocidio: problemas teóricos y
metodológicos, Buenos Aires, Eduntref, 2005.
- Schmitt Carl: “El concepto de lo político” Texto de 1939, México, Ediciones Folios (1985)
- Foucault Michel: Genealogía del racismo. Del poder de soberanía al poder sobre la vida. Las ediciones de “La Piqueta” (1976)
- Zaffaroni E. Raúl “El Enemigo en el Derecho Penal”. Estudios de Criminología y política criminal. Editorial Dykinson 2006

Bibliografía judicial (Recursos Electrónicos y otros):
- Causa Penal “13/84”
Organización Internacional: Derechos Human Rights y Equipo Nikor: http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/index.html (última consulta 12/01/2010)
- Sentencia “Etchecolatz”: Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata
Organización Internacional: Derechos Human Rights y Equipo Nikor:
http://www.derechos.org/nizkor/arg/ley/etche.html (última consulta 12/01/2010)
- Sentencia “Von Wernich”: Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata.
http://www.cij.gov.ar/adj/ADJ-0.803708001226937477.pdf
(última consulta 12/01/2010)
- Resolución “Videla” Causa (I) del Cuerpo del Ejército.



[1] Piglia, R. “Tres propuestas para el próximo milenio” en el I Seminario de Análisis Crítico de la Realidad Argentina (1984-1999) Ed. Página 12, 24 de Diciembre. Citado en “Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos Humanos”. Artículo de Mario Portela.

[2] Declaraciones del General Roberto Viola, La Nacion, 20 de abril de 1977, citadas en “El Genocidio como Práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina” Daniel Feierstein, 2007 Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A-

[3] Declaraciones de Jorge Rafael Videla en Conferencia de prensa con periodistas ingleses en enero de 1978, citado de (ver nota 2)

[4] Imputado en la Causa española “Scillingo” en noviembre de 1999. Ver fallo “Etchecolatz”

[5] Decretos 807 (de abril de 1975), 642 (febrero de 1976) y 1078 (marzo de 1976)

[6] Las leyes dictadas fueron: 21.259, sobre expulsión de extranjeros; 21.260, que autorizaba a dar de baja a empleados públicos vinculados a actividades subversivas; 21.264, sobre represión de sabotaje y establecimiento de jurisdicción militar para sus infractores; 21.268, sobre armas y explosivos; 21.269, sobre prohibición a actividades de algunas agrupaciones políticas marxistas; 21.275, sobre suspensión de derecho de opción para salir del país; 21.313, sobre extensión de la jurisdicción de los jueces nacionales a los establecimientos o lugares donde fueran trasladados por razones de seguridad los procesados y los detenidos en virtud del estado de sitio; 21.322, declarando ilegales y disueltas supuestas organizaciones subversivas; 21.325, complementaria de la anterior; 21.338, que estableció modificaciones al Código Penal en relación a delitos con características subversivas; 21.448, que prorrogó por 180 días la suspensión del derecho de opción para salir del país dispuesto por la ley 21.275; 21.449, que reglamentó el derecho de opción; 21.450, que modificó la ley 20.840 de represión de actividades subversivas agravando las penas fijadas; 21.460, que dispuso que algunas prevenciones sumariales fueran efectuadas por las fuerzas armadas o de seguridad; 21.461, que estableció el juzgamiento de delitos subversivos por Consejos de Guerra Especiales; 21.568, que prorrogó por 150 días la suspensión del derecho de opción para salir del país; 21.596, que estableció que la defensa ante los Consejos de Guerra Especiales sería desempeñada por oficiales en actividad; y 21.866 que sancionaba a quienes influyeran ante terceros para la comisión de actividades subversivas. Todas ellas, con la sola excepción de las leyes 21.264 y 21.461, que impusieron la novedad del juzgamiento de civiles por consejos de guerra, no hicieron más que poner en marcha los proyectos del gobierno constitucional ya citados, e imprimir mayor seriedad y minuciosidad al marco legal preexistente. Constan en la Causa 13/84

[7] "Las Juntas Militares imponen en marzo de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado(…) no cabían determinadas clases de personas, aquellas que no encajaban en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana occidental. Es decir, todos aquellos que, según la Jerarquía dominante, no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad, obedeciendo a "consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo”.

[8] Llamado el “tratamiento especial” realizado a los judíos dentro del campo. Según Informes de D.A.I.A y CONADEP. Resolucion de Videla, Causa “Cuerpo del Ejercito I”

[9] Citado en Sentencia de “Von Wernich” Tribunal Penal Nº1 La Plata.

[10] El Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 -dispuso la creación del Tribunal Penal Internacional-, al cual la Argentina adhirió el 8 de febrero de 2001. El 9 de enero de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la ley 26.200 con la cual se implementa en el ordenamiento jurídico interno el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.

[11] En la Convención de las Naciones Unidas para la Sanción y Prevención del Genocidio (1948) se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo ; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo

[12] La destrucción parcial de un grupo nacional no es equivalente ni debe abarcar el «autogenocidio», es decir la destrucción parcial del propio grupo nacional, aunque puedan existir «subgrupos» diferenciados por la ideología” (cfr. “La Sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Scilingo”, publ. en “Revista de Derecho Penal”, Dir.: Edgardo Donna, Ed. Rubinzal-Culzoni, Nº 2005-1, p. 532. citado en la Resolución de Videla, Causa del Cuerpo del Ejército.

[13] Kayishema, fiscal (párrafos 82 y 83. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Citado en Genocidio: la administración de la muerte en la modernidad” Editorial de la Universidad Nacional de tres de febrero. Daniel Feierstein compilador

[14]El Fiscal contra Kayishema. Párrafo 98. (Cita en “Genocidio: la administración de la muerte en la modernidad” Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Daneil Feierstein compilador.)

[15] Fueron los tres peritos convocados en 1947 por la Secretaría, para colaborar para la redacción del Proyecto de la Convención. Citado en Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos humanos. Artículo de Eduardo Freiler.

[16] “Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos Humanos”. Artículo de Eduardo Rezses “La figura del genocidio y el caso argentino”

[17] Conf, Lozada, Marrín, citado en “Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos Humanos”. Artículo de Eduardo Rezses “La figura del genocidio y el caso argentino”

[18] Ver Código Penal de Francia, Bolivia, Perú y Uruguay, entre otros.

[19] El Fiscal contra “Akayesu” Tribunal Penal Internacional para Ruanda, párrafo 515. Cita en “Genocidio: la administración de la muerte en la modernidad” Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Daneil Feierstein compilador

[20] Michel Foucault: Genealogía del racismo. Del poder de soberanía al poder sobre la vida. Las ediciones de “La Piqueta” (1976)

[21] Schmitt Carl: “El concepto de lo político” Texto de 1939, México, Ediciones Folios (1985)

[22] “Informe sobre la cuestión del a Prevención y Sanción del Genocidio” Citado por Daniel Feierstein compilador “Genocidio: La administración de la muerte en la modernidad” Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

[23] E. Raúl Zaffaroni “El Enemigo en el Derecho Penal”. Estudios de Criminología y política criminal. Editorial Dykinson 2006

[24] El Fiscal contra Rutaganda, Fallo y Sentencia 6 de diciembre de 1999. Tribunal Penal Internacional para Ruanda Citado en Mattias Bjonlunf, Eric Markusen y Martin Mennecke“¿Qué es genocidio?”

[25] El Fiscal contra Semanza, Fallo y Sentencia, 15 de Mayo de 2003. Citado en “¿Qué es genocidio?” Mattias Bjonlunf, Eric Markusen y Martin Mennecke

[26] Radislav Kristic, Cámara de Apelaciones común al TPIR y al TPIY. Fallo, Sala de Apelaciones, 19 de abril de 2004 Mattias Bjonlunf, Eric Markusen y Martin ¿Qué es genocidio?”

[27] Conf, Lozada, Marrín, citado en “Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos Humanos”. Artículo de Eduardo Rezses “La figura del genocidio y el caso argentino

[28] Daniel Feierstein “El genocidio como práctica social” cita a Reynaldo Benito Bignone en su libro “El último de Facto II: quince años después. Memoria y testimonio. Año 2000. Bignone señala la ingratitud de aquellos políticos que habiendo acompañado al gobierno militar y a la lucha contra la subversión en lugares apenas de expectativa, se rasgan las vestiduras por los errores cometidos una vez que la batalla ha concluido. La enumeración de políticos y periodistas con los que Bignone dialogaba es interesante y provocadora, señalando los límites de la visión democrática que instalaría durante el alfonsinismo de la “condena Abstracta” de los crímenes cometidos contra la dictadura militar, una condena que se cuidaba muy bien de no avanzar a fondo en los modos de construcción de la hegemonía del gobierno militar, en las múltiples interrelaciones tejidas con sectores políticos del peronismo, del radicalismo y de los partidos provinciales, con periodistas y jueces que siguieron desempeñando sus funciones en la naciente democracia.

[29] Aportes Jurídicos para el análisis y juzgamiento del genocidio en Argentina. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Secretaría de Derechos humanos. Artículo de Mario Portela.