Proyecto de reforma Ley Orgánica del Ministerio Público


PROYECTO DE LEY


EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, …
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 3º.- El Ministerio Público Fiscal esta integrado por los siguientes magistrados:
a) Procurador General de la Nación.
b) Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c) Fiscales Generales ante el Tribunal de Casación en lo Penal Federal, Fiscales Generales de Coordinación y Control en materia penal y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.
d) Fiscales Generales, los Fiscales Generales de la Procuración General de la Nación y los Fiscales Generales de Investigaciones Administrativas.
e) Agentes Fiscales, Fiscales ante los jueces de primera instancia en materia no penal, los Agentes Fiscales de la Procuración General de la Nación y los Fiscales Generales Adjuntos y Fiscales de Investigaciones Administrativas.
f) Fiscales Auxiliares en materia penal y Fiscales Auxiliares de la Procuración General de la Nación.”
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 4º.- El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:
a) Defensor General de la Nación.
b) Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c) Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales de Casación Penal y Defensores Públicos Oficiales de Coordinación y Control.
d) Defensores Públicos Oficiales en lo Penal, Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en materia no Penal, y ante los jueces y Tribunales en materia Penal, Defensores Públicos Oficiales de Primera y Segunda Instancia del interior del país, Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la Capital Federal y Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación.
e) Defensores Públicos Oficiales Adjuntos en lo Penal, Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia en materia no penal, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales de Competencia Múltiple.
f) Defensores Auxiliares y Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
g) Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los Tutores y Curadores Públicos cuya actuación regula la presente ley.”
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso público de oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado por el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con CUATRO (4) magistrados del Ministerio Público con Jerarquía no inferior a los cargos previstos en el inciso d) de los artículos 3° y 4°, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los enunciados en los artículos 3° y 4º incisos b), c) y d), según corresponda, salvo que el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación decidan personalmente presidirlo. Cuando el concurso se realice para cubrir los cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa previstos en los artículos 3º y 4º incisos b) y c), deberá presidir el tribunal examinador, el Procurador General o el Defensor General de la Nación, según el caso.”
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 7 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 7.- Para ser Procurador General de la Nación o Defensor General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con OCHO (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser Senador Nacional.
Para presentarse a concurso para cubrir los cargos enunciados en el artículo 3° incisos b), c) y d); y los cargos de Defensores Públicos enunciados en el artículo 4º incisos b), c) y d) se requiere ser ciudadano argentino, tener TREINTA (30) años de edad y contar con SEIS (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos SEIS (6) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para cubrir los cargos enunciados en el artículo 3° inciso e); y los cargos de Defensores Públicos enunciados en el artículo 4º inciso e), se requiere ser ciudadano argentino, tener VEINTICINCO (25) años de edad y contar con CUATRO (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos CUATRO (4) años de antigüedad en el título de abogado.
Para presentarse a concurso para cubrir los cargos enunciados en los artículos 3° y 4°, inciso f), se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener DOS (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento - por igual término - de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos DOS (2) años de antigüedad en el título de abogado.
No podrá ser aspirante a magistrado del Ministerio Público de la Nación quien haya sido removido de su cargo por juicio político o quien haya sido exonerado del empleo público.”
ARTÍCULO 5º.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 10.- Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las causales que, a su respecto, prevean las normas procesales y reglamentarias.”
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 11. En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el Procurador General de la Nación o el Defensor General de la Nación, serán reemplazados por el Procurador Fiscal o el Defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.
De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán sustituidos por abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público de acuerdo a los reglamentos que dicten el Procurador General y el Defensor General en sus respectivos ámbitos, estableciendo los derechos y obligaciones emergentes de su actuación.”
ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 12.- Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:
a) El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
b) Los Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, percibirán un 20% más, de las remuneraciones que correspondan a los Jueces de Cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada C.S.J.N. 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional.
c) Los magistrados mencionados en el inc. c) de los artículos 3 y 4 percibirán un 10% más, de las remuneraciones que correspondan a los Jueces de Cámara, computables solamente sobre los ítems sueldo básico, suplemento, remuneración Acordada C.S.J.N. 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional.
d) Los magistrados enumerados en el inciso d) de los artículos 3º y 4º de la presente ley percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de Cámara.
e) Los magistrados mencionados en el inciso e) de los artículos 3° y 4° de la presente ley percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia.
f) Los fiscales auxiliares en materia penal y los de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia y de la Procuración General de la Nación, y los defensores auxiliares y los defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara.
g) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.
Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios, idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.
ARTÍCULO 8º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:

“ARTÍCULO 22.- A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con crédito presupuestario propio, el que será atendido con cargo a rentas generales y con recursos específicos.
El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Producción.
El Poder Ejecutivo Nacional, junto con el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional, enviará al Congreso el anteproyecto preparado por el Ministerio Público de la Nación, acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por el Ministerio Público no coincidan con las del proyecto general.”
ARTÍCULO 9º.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 25.- Corresponde al Ministerio Público:
a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera.
c) Promover y ejercer la acción pública en los casos penales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales.
d) Procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho investigado de conformidad con los principios contenidos en las leyes, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social.
e) Promover la acción civil en los casos previstos por la ley.
f) Intervenir en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre de las personas, venias supletorias, declaraciones de pobreza.
g) Intervenir en los casos en que se alegue privación de justicia.
h) Velar por la observancia de la Constitución Nacional, las leyes de la República y por la defensa de los derechos humanos.
i) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.
j) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos.
k) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales.
l) Ejercer la asistencia y defensa efectiva de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes.
m) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía u otras fuerzas de seguridad y en instituciones asistenciales de salud, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación.
n) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 26.- Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán, para el mejor cumplimiento de sus funciones, requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales y demás fuerzas de seguridad, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos de acuerdo a las facultares conferidas en el ordenamiento procesal. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.”
ARTÍCULO 11. Sustitúyese el artículo 33 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 33.- El Procurador General de la Nación es el Jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.
El Procurador General tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:
1. Causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda a raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6°, apartados b) y c) del decreto-Ley Nº 1285/58.
4. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.
5. Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela.
A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquellos, con excepción de los casos en los que, según la sana discreción del Tribunal, corresponda el rechazo in limine por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuesen manifiestamente inadmisibles, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general.
b) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé.
c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
d) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.
e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
f) Delegar sus funciones en los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de esta ley.
g) Crear unidades especializadas de apoyo técnico para colaborar en las investigaciones.
h) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un Fiscal General de Coordinación y Control ó de un Fiscal General, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estará sujeta a las directivas del titular.
i) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5° y 6° de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia.
j) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional.
k) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias.
l) Responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación; los Ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Presidente del Consejo de la Magistratura.
m) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales.
n) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes conforme pautas objetivas; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento, mediante un sistema de control de gestión. En el ejercicio de esta atribución, deberá atender a los principios de flexibilidad, trabajo en equipo y responsabilidad compartida en relación con el resultado de la gestión.
o) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte.
p) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las Fiscalías Generales y el grupo de Fiscales previsto en el artículo 3º inciso d), e) y f), que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país.
q) Confeccionar el programa del Ministerio Público Fiscal dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, juntamente con el programa del Ministerio Público de la Defensa, para su remisión al Congreso de la Nación.
r) Organizar, reglamentar y dirigir la estructura administrativa de apoyo a la gestión operativa del Ministerio Público Fiscal, priorizando la separación entre funciones administrativas y jurídicas, incrementando la calidad de gestión y la atención al público.
s) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, al Ministerio Público Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente.
t) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.
u) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 3°, incisos b), c) y d) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32, se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el Procurador General incluya en la convocatoria.
v) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres poderes del Estado.
w) Aprobar el Reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
x) Recibir los Juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“FISCALES GENERALES ANTE EL TRIBUNAL DE CASACION EN LO PENAL FEDERAL, FISCALES GENERALES ANTE LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA EN MATERIA NO PENAL Y FISCALES GENERALES DE COORDINACION Y CONTROL EN MATERIA PENAL.

ARTÍCULO 37.- Los Fiscales Generales ante el Tribunal de Casación en lo Penal Federal y los Fiscales Generales ante los tribunales colegiados en materia no penal, tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada.
b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal.
c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y definir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores.
d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario.
e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria.
f) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes.
g) Responder los pedidos de informes que les formule el Procurador General.
h) Elevar un informe anual al Procurador General sobre la gestión del área de su competencia.
i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales inferiores que se encuentren bajo su dependencia funcional e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el Procurador General.
j) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 38.- Los Fiscales Generales de Coordinación y Control en materia penal tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Coordinar y controlar el ejercicio de la acción penal pública desarrollada por los Fiscales Generales bajo su dependencia.
b) Impartir directivas generales, fijando los objetivos y metas para los fiscales bajo su dependencia en consonancia con los lineamientos que disponga el Procurador General de la Nación.
c) Diseñar la organización administrativa que asistirá a su Fiscalía y a las que de ella dependan, que se implementará previa aprobación del Procurador General de la Nación, con la necesaria intervención del Director Administrativo de esa Fiscalía.
d) Supervisar y controlar el funcionamiento administrativo de las Unidades Fiscales que de ella dependan, de conformidad con las pautas fijadas por su Director Administrativo.
e) Ejercer la superintendencia de los miembros del Ministerio Público Fiscal bajo su dependencia velando por la estricta y puntual presencia de los fiscales en las audiencias previstas en el Código Procesal Penal.
f) Resolver las recusaciones, excusaciones y cuestiones de distribución de casos planteadas entre las Unidades Fiscales bajo su dependencia funcional.
g) Controlar la aplicación de los criterios de oportunidad, salidas alternativas o mecanismos de simplificación del proceso, los pedidos de sobreseimiento y demás decisiones que dispongan la paralización de la investigación en los casos previstos por la ley o cuando lo considere oportuno a efectos de cumplir con las metas y objetivos fijados.
h) Sustituir al fiscal que hubiese aplicado un criterio de oportunidad, desestimado o archivado un caso, no hubiese formalizado la investigación preparatoria o pedido el sobreseimiento, cuando disintiere con esa posición, designando un Fiscal General en su reemplazo, por un procedimiento que respete las reglas de distribución y optimización de trabajo.
i) Colaborar con el Procurador General de la Nación y asesorarlo en la fijación de los criterios de persecución penal del organismo, a través del mecanismo de reunión que éste disponga.
j) Supervisar que el criterio de delegación de casos previsto en el artículo 39, inciso f, se ajuste a pautas objetivas y de mejores razones para el servicio, y corregir aquellas situaciones que se aparten de tales parámetros.
k) Supervisar el cumplimiento del artículo 39, inciso j.
l) Elevar un informe anual al Procurador General sobre la gestión del área a su cargo y de la actividad de los fiscales bajo su dependencia funcional.
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“FISCALES GENERALES, AGENTES FISCALES Y FISCALES AUXILIARES.

ARTÍCULO 39.- Los Fiscales Generales en materia penal tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la acción penal pública en todas las instancias del proceso conforme lo establece el Código Penal y el Código Procesal Penal y la presente ley, dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo en la etapa de control de la acusación y la de juicio e interponiendo los recursos que correspondan, en todos los casos que tramiten en la Unidad Fiscal a su cargo.
b) Impartir instrucciones a los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares que se desempeñen en la Unidad Fiscal a su cargo, de conformidad con las pautas que fije el Fiscal General de Coordinación y Control bajo cuya dependencia actúe.
c) Colaborar en la supervisión y control del funcionamiento administrativo de la Unidad Fiscal a su cargo de conformidad con las pautas fijadas por el órgano competente.
d) Ejercer la superintendencia sobre los Fiscales bajo su dependencia velando por el estricto y puntual cumplimiento de los deberes establecidos.
e) Instar o resolver la aplicación de criterios de oportunidad, salidas alternativas o mecanismos de simplificación de proceso, sobreseimientos y demás decisiones que paralicen la tramitación del proceso según lo previsto por la ley, en los casos asignados a la Unidad Fiscal a su cargo.
f) Delegar en los Agentes Fiscales bajo su dependencia el ejercicio de la acción penal y demás funciones indicadas en el apartado a) de este artículo, en los casos que tramiten ante su Unidad Fiscal cuando se investiguen delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad o con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no exceda de TRES (3) años y no se hubiese dispuesto la aplicación del procedimiento especial para procesos complejos regulado en la Parte Especial, Libro II, Título II del Código Procesal Penal de la Nación.
g) Instruir a los Fiscales Auxiliares bajo su dependencia a fin de que éstos desarrollen actos de la investigación preparatoria, comuniquen sus órdenes a la policía y demás fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación de un delito, supervisando su correcto cumplimiento y concurran a las audiencias que se celebren durante dicha etapa.
h) Colaborar con el Fiscal General de Coordinación y Control, asesorándolo en la fijación de los criterios de persecución penal.
i) Elevar un informe al Fiscal General de Coordinación y Control, sobre la gestión desarrollada por la Unidad Fiscal a su cargo.
j) Intervenir en los procesos de hábeas corpus y concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendentes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, pudiendo delegar en los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares dicha función.
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 40 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 40.- Los Agentes Fiscales en materia penal tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la acción penal pública en todas las instancias del proceso conforme lo establece el ordenamiento procesal penal y la presente ley dirigiendo la investigación preparatoria, interviniendo en la etapa de control de la acusación y la de juicio e interponiendo los recursos que corresponda, en todos los casos que le fuesen asignados por el Fiscal General bajo cuya dependencia presten funciones, en los términos previstos en el artículo 39, inciso f.
b) Impartir instrucciones a los Fiscales Auxiliares que el Fiscal General coloque bajo su dependencia.
c) Ejercer la superintendencia sobre los Fiscales Auxiliares antes mencionados velando por el estricto y puntual cumplimiento de los deberes a su cargo.
d) Comunicar y llevar adelante ante los órganos jurisdiccionales en los que actúen, en los casos que le fueren delegados, la aplicación de criterios de oportunidad, salidas alternativas o mecanismos de simplificación de proceso, sobreseimientos, y demás decisiones que paralicen la tramitación del proceso según lo previsto por la ley, conforme las instrucciones impartidas por el Fiscal General del que dependen.
e) Instruir a los Fiscales Auxiliares para que éstos desarrollen actos de la investigación preparatoria, comuniquen sus órdenes a la policía y demás fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación de un delito, supervisando su correcto cumplimiento y concurran a las audiencias que se celebren durante esa etapa en los casos antes referidos.
f) Colaborar con el Fiscal General y asesorarlo en la fijación de criterios de persecución penal que aquél les requiera.
g) Elevar informes periódicos al Fiscal General sobre la tarea desarrollada y resultados alcanzados en los casos que le fueren delegados.”
ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 41 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 41.- Los Fiscales Auxiliares tendrán los siguientes deberes y atribuciones.
a) Intervenir en los actos de la investigación preparatoria y concurrir a las audiencias que se celebren en esa etapa según las instrucciones que le impartan el Fiscal General o el Agente Fiscal del cual operativamente dependan.
b) Comunicar y supervisar el cumplimiento de las instrucciones que el Fiscal General o el Agente Fiscal del cual operativamente dependan dirijan a la policía y demás fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación de un delito.
c) Asistir al Fiscal General y al Agente Fiscal en las audiencias de control de la acusación y del juicio a la que aquellos los convocaren.
d) Comunicar y llevar adelante ante los Jueces de la investigación preparatoria la aplicación de criterios de oportunidad, salidas alternativas o mecanismos de simplificación del proceso, sobreseimientos y demás decisiones que paralicen su tramitación según lo previsto por la ley, conforme las instrucciones impartidas por el Fiscal General.
e) Colaborar con el Fiscal General y el Agente Fiscal del que dependan en todas las tareas funcionales que éstos requieran.”
ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“FISCALES ANTE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA NO PENAL.

ARTÍCULO 42.- Los fiscales ante la justicia de Primera Instancia Federal y Nacional de la Capital Federal, en lo civil y comercial, Contencioso Administrativo, Laboral y de Seguridad Social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.
b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso.
c) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.
d) Intervenir en los procesos de amparo y de habeas data y en todas cuestiones de competencia; e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.”
ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 42 bis de la Ley Nº 24.946 el siguiente:
“ARTÍCULO 42 bis. Los fiscales que actúen ante las Cámaras Federales y Juzgados Federales con asiento en las provincias, ejercerán, respectivamente, las funciones en materia no penal previstas en el artículo 42.”
ARTÍCULO 19.- Sustitúyese la Sección III Ministerio Público de Defensa (artículos 51 al 64) de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:

“SECCION III


MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA (artículos 51 al 64 bis) DEBERES Y GARANTÍAS DEL DEFENSOR PÚBLICO

ARTÍCULO 51.- Los Defensores Públicos ejercen su funciones de manera continua, de acuerdo a lo previsto en las normas que regulan su actuación.
Se desempeñan con independencia técnica para la solución del caso que más favorezca a sus defendidos, procurando la debida canalización de sus sugerencias. No podrán obligarlos a la elección de alternativas o procedimientos que dependan de un acto libre de su voluntad.”
ARTÍCULO 52.- Los Defensores Públicos deberán proteger la confidencialidad y trato reservado y frecuente con sus defendidos, manteniéndolos informados sobre las contingencias de sus procesos, en un lenguaje que les resulte comprensible.
Los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, policía y demás fuerzas de seguridad, garantizarán y favorecerán siempre, y en todo lugar, la comunicación privada entre el defensor y su representado.
ARTÍCULO 53.- La asignación que recaiga en un defensor público sobre un caso, torna obligatoria su gestión en él.
La obligación señalada sólo podrá quedar exceptuada por resolución de la autoridad de superintendencia y conforme la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Cuando se encuentre imposibilitado, en forma física o psíquica, de asumir la representación.
b) Cuando el defensor público se encuentre en una situación de violencia moral respecto de su representado, debiéndose entender como tal, todo conflicto insuperable de interés que comprometa la integridad del defensor o impida el ejercicio de una defensa técnica adecuada.
c) Cuando el justiciable rechace la actuación del defensor público asignado, por alguna causa justificada.
DEFENSOR GENERAL DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 54.- El Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa.
b) Delegar sus funciones en los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta ley.
c) Disponer mediante instrucciones a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos le confieran, garantizándoles la posibilidad de elección de la estrategia del caso que más favorezca al asistido.
d) Realizar, en el ámbito de su competencia, todas las acciones conducentes para la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia. En especial, diseñar y ejecutar políticas para la protección de sectores vulnerables, e implementar programas y establecer comisiones que coadyuven con la tarea del defensor público.
e) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación del servicio, estableciendo una adecuada distribución del trabajo y supervisión del desempeño, mediante sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos.
f) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran la Defensa Oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos la hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio.
Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación.
En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los defensores que se designen estará sujeta a las directivas del titular.
g) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5 y 6 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia.
h) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes.
i) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores de edad o incapaces, la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del Defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al Defensor Oficial.
j) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley, cuando, a su juicio, se hallaren incursos en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación –ante los órganos competentes- cuando se hallaren incursos en las conductas contempladas en el artículo citado.
k) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias.
l) Responder a las consultas formuladas por el Presidente de la Nación, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Presidente del Consejo de la Magistratura.
m) ll) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales. Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros países.
n) Reglamentar la actuación de los defensores públicos ad hoc conforme lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley, se trate de integrantes del Ministerio Público de la Defensa o de abogados de práctica libre, atendiendo especialmente a la solución de conflictos de interés, y a la sobrecarga excepcional y transitoria de trabajo. Disponer a esos fines, la conformación de un cuerpo de letrados móviles.
o) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.
p) ñ) Confeccionar el programa del Ministerio Público de la Defensa dentro del presupuesto General del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción, juntamente con el programa del Ministerio Público Fiscal, para su remisión al Congreso de la Nación.
q) Organizar y reglamentar el organigrama general de la Defensoría General de la Nación, estableciendo las misiones y funciones de sus diversas áreas, a fin de hacer frente con una estructura necesaria y adecuada, al cometido principal de prestación del servicio público de defensa.
r) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente.
s) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4, incisos b), c) y d) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del ministerio público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el Defensor General incluya en la convocatoria.
t) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las Defensorías Públicas Oficiales y el grupo de defensores públicos oficiales, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país.
u) Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás autoridades de la República.
v) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, y establecer mecanismos ágiles y eficaces para la atención del público.
w) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa.
x) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.
DE LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 55.- La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del Defensor General de la Nación, como Jefe del Ministerio Público de la Defensa. En dicho ámbito se desempeñarán los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el Defensor General de la Nación, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el Defensor General disponga encomendarles.

DEFENSORES OFICIALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 56. Los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán al Defensor General en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Sustituir o reemplazar al Defensor General en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia.
b) Informar al Defensor General respecto de las causas en que intervengan.
c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 57.- Los Defensores Públicos Oficiales, Defensores Públicos Oficiales Adjuntos y Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación, actuarán en relación directa con el Defensor General de la Nación y, de acuerdo a su jerarquía y competencia funcional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Dirigir, coordinar o integrar los programas, comisiones y actividades de las unidades de apoyo técnico según lo establecido en el artículo 54 inc. d) de esta ley, y toda otra cuestión de gobierno del Ministerio Público de la Defensa que el Defensor General decida encomendarles.
b) Sustituir o reemplazar de manera temporaria, a otros magistrados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos que proceda conforme la reglamentación.
c) Integrar los equipos de trabajo que se constituyan de acuerdo a las previsiones del artículo 54 inc. f) de esta ley.
d) Emitir dictámenes sobre los asuntos que les sean requeridos por el Defensor General de la Nación.
e) Supervisar la labor de los defensores de la Defensoría General de la Nación que dependan de éstos, y rendir los informes generales que correspondieran.
f) Ejercer toda otra representación o actuación de gobierno del Ministerio Público de la Defensa que el Defensor General decida encomendarles. DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES CON COMPETENCIA EN LO PENAL

ARTÍCULO 58.- Los Defensores Públicos Oficiales con competencia penal, deberán, de acuerdo a sus diversas actuaciones funcionales:
a) Ejercer la asistencia y defensa de los imputados y la intervención que corresponda cuando éstos no estuvieren individualizados; desde la primera actuación del procedimiento, y hasta la sentencia definitiva, o en su caso, hasta la total desvinculación del sistema penal.
b) Continuar la defensa de los imputados en la instancia de casación, debiendo extremar las medidas tendentes al agotamiento de las vías recursivas disponibles para un efectivo ejercicio del derecho de defensa. Peticionarán la reunión del Tribunal de Casación en Pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, cuando ello resulte conforme a los intereses de sus representados.
c) Intervenir, en representación de las personas condenadas y sometidas a medidas de seguridad, en el control del régimen de progresividad de la pena, realizando las peticiones que tengan incidencia en su contenido cualitativo y cuantitativo, en el control sobre el cómputo de la pena y demás requerimientos sobre sustitución, modificación o extinción de la pena o medida de seguridad.
d) Coordinar y controlar las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal y la actuación de los miembros que las integran.
DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DE COORDINACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 59.- Los Defensores Públicos Oficiales de Coordinación y Control en lo Penal, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Organizar los mecanismos de asignación de casos, y eventualmente tomar a su cargo esa derivación.
b) Proponer y aplicar, previa aprobación del Defensor General de la Nación, criterios objetivos de asignación ponderada de casos, orientados a formas equitativas de distribución de la carga de trabajo entre las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal.
c) Proponer y aplicar, previa aprobación del Defensor General de la Nación, criterios generales para la delegación de tareas dentro de las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal, cuidando la no afectación de la relación de confianza con los asistidos.
d) Ejercer eventualmente la defensa de los justiciables, en aquellos casos encomendados por el Defensor General de la Nación.
e) Garantizar en forma permanente y continua la supervisión de la prestación del servicio de defensa pública desarrollada por las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal que de ellos dependan;
f) Realizar estadísticas sobre la labor desarrollada por las Unidades Funcionales de Defensa Pública Penal, y por los diversos magistrados que la integran; requiriendo informes periódicos de actuación.
g) Proponer al Defensor General de la Nación, la fijación de estándares generales de actuación y manuales de buenas prácticas en materia penal.
h) Supervisar que los criterios de delegación o de distribución de tareas dentro de las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal, se ajusten a las pautas establecidas, corrigiendo aquellas situaciones que se aparten de esos parámetros.
i) Organizar, dirigir y evaluar la labor de los defensores ad hoc, en el ámbito de su competencia, y conforme las disposiciones reglamentarias que rijan el servicio.
j) Resolver las excusaciones, recusaciones y todo conflicto que se suscite entre las distintas Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal a su cargo.
k) Elevar a consideración del Defensor General de la Nación un informe sobre la gestión del área a su cargo y de toda aquella circunstancia que específicamente le sea requerida.
l) Ejercer, de conformidad con la reglamentación vigente, la superintendencia de los magistrados, funcionarios y empleados que se encuentren bajo su dependencia.
UNIDADES FUNCIONALES DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

ARTÍCULO 60.- Las Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal, se organizarán según criterios de especialidad, unidad de defensa y competencia funcional, en atención a los diversos rangos y jerarquías. La asignación de casos, atenderá a la preservación de la relación de confianza con el asistido.
El Defensor Público Oficial en lo Penal, en su carácter de titular de la Unidad Funcional, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) a)Ejercer la asistencia y representación en los casos que tramiten en la Unidad Funcional a su cargo, desde el primer acto del procedimiento y eventualmente, hasta la sentencia definitiva.
b) Delegar la asistencia y representación de los casos, en forma individual o conjunta, en los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos en lo Penal y en los Defensores Auxiliares que se desempeñen en la Unidad Funcional a su cargo, cuando se evalúe su conveniencia, y siempre de conformidad con los criterios generales o específicos establecidos por el Defensor Público Oficial de Coordinación y Control del que dependan. A los fines de la delegación, se tendrán especialmente en cuenta la complejidad y las circunstancias del caso y personales del defendido.
c) Elevar los informes que les sean requeridos por la autoridad de superintendencia.
d) Ejercer la superintendencia sobre los integrantes de la Unidad Funcional de la Defensa Pública Penal a su cargo.
Los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos en lo Penal y los Defensores Auxiliares, desempeñarán su ministerio con atención a su rango funcional y jerárquico, y en virtud de los criterios generales que emanen del Defensor Público Oficial de Coordinación y Control, y de las directivas específicas que reciban de los Defensores Públicos Oficiales en lo Penal.
Los Defensores Públicos Oficiales Adjuntos en lo Penal intervendrán preferentemente en la investigación preparatoria, pudiendo ser asistidos por los Defensores Auxiliares.
DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES CON COMPETENCIA EN MATERIA NO PENAL

ARTÍCULO 61.- Los Defensores Públicos Oficiales en materia no penal, en las instancias y fueros en que actúen, y sin perjuicio de las demás funciones que les sean encomendadas, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza;
b) Ejercer la representación en juicio de quienes fueren demandados y se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
c) Asesorar y evacuar las consultas que les formulen personas carentes de recursos, asistirlas y representarlas en los trámites judiciales pertinentes y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
d) Intentar, con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación.
e) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal.
f) Responder los pedidos de informes que les formule el Defensor General de la Nación y elevar el informe anual relativo a su gestión.
g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación DEFENSORES PUBLICOS DE MENORES E INCAPACES

ARTÍCULO 62.- Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores de edad o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, fundándolos cuando corresponda procesalmente, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios.
b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los menores de edad e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.
c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores de edad, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos.
d) Asesorar a menores de edad e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos.
e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores de edad, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen.
f) Requerir a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores de edad e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal.
g) Requerir a las autoridades administrativas el estricto cumplimiento de las medidas de protección y asistencia integral de de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la ley respectiva; desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con las leyes sobre internación y externación de personas, y controlar que se efectúen al Registro de Incapaces, las comunicaciones pertinentes.
h) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos.
i) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores de edad o incapaces.
j) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores de edad o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al Defensor General de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue.
k) Poner en conocimiento de las autoridades judiciales competentes las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación.
l) Responder los pedidos de informes del Defensor General.
m) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.
Los Defensores Auxiliares asistirán a los Defensores Públicos de Menores e Incapaces y atenderán los casos que éstos les asignen, observando las pautas generales de intervención que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 62 bis. Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces que deban intervenir ante los jueces y tribunales en lo penal, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
a) Desempeñar en las instancias respectivas, todas las funciones que las leyes les confieren, para la preservación de los intereses y derechos de los menores de edad o incapaces.
b) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores de edad e incapaces.
c) Responder los pedidos de informes del Defensor General.
d) d)Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación
Los Defensores Auxiliares asistirán a los Defensores Públicos de Menores e Incapaces y atenderán los casos que éstos les asignen, observando las pautas generales de intervención que establezca la reglamentación
ARTÍCULO 62 ter.- Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los jueces y tribunales en lo penal, serán parte necesaria en toda causa que se forme respecto de una persona menor de edad conforme las leyes vigentes; y deberán asistir a las audiencias en las que tomen intervención sus asistidos, conforme lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Nación.
ARTÍCULO 62 quater.- El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 integra el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del Defensor de Menores e Incapaces que interviene ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
TUTORES Y CURADORES PUBLICOS

ARTÍCULO 63.- Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.
ARTÍCULO 63 bis.- Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los Títulos VII a XIV de la Sección II del Libro I del Código Civil, sin perjuicio de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el Defensor General de la Nación. Especi almente deberán:
a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan -en su momento acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil y propiciando las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos, en el marco de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación, impidiendo cualquier modalidad que restrinja más allá de lo estrictamente necesario el ejercicio de sus derechos, especialmente de su libertad.
b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos así como también su patrimonio; proveer, cuando corresponda, a su adecuada administración.
c) Ejercer la defensa de las personas que no contaran con recursos económicos suficientes, en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representar a los incapaces en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellos, según el régimen de la ley procesal, como igualmente intervenir respecto a los inhabilitados en los casos que corresponda. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, o que teniéndolos, no sean idóneos o de su confianza, ejercerán su curatela definitiva.
d) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la Administración Pública.
e) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando los curadores tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder.
f) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se les formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función.
g) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.
h) Mantener informado al Defensor de Menores e Incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule. HONORARIOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS OFICIALES

ARTÍCULO 64.- El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un Defensor Público Oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles. Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.
ARTÍCULO 64 bis.- En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los DIEZ (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia. Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa.”
ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 71.- Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de las partidas que la ley de presupuesto otorgue al Ministerio Público. En atención a ello, la entrada en vigencia de la presente conforme al esquema de gradualidad que oportunamente establezca la Ley de Implementación de la Reforma Procesal Penal, dependerá de la incorporación efectiva al Ministerio Público de todos los recursos materiales, humanos y de infraestructura necesarios para hacer frente de modo eficiente a las nuevas funciones asignadas por el Código Procesal Penal de la Nación y la presente Ley Orgánica, así como también de los recursos financieros necesarios para hacer frente al pago de honorarios de peritos en los casos que pudiere corresponder.”
ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 24.946 por el siguiente:
“ARTÍCULO 75. El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, en sus respectivos ámbitos, establecerán las áreas necesarias para una gestión eficaz del organismo a su cargo, las que contarán con funcionarios y personal auxiliar específicos y capacitados.
Sin perjuicio de la estructura interna derivada de esta ley y de la propia que surja de los organigramas de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación, se conformarán áreas de control de gestión, auditoría interna, capacitación, informática, servicios técnicos periciales y en general, todas las que resulten necesarias para el fortalecimiento institucional del Organismo y el adecuado cumplimiento de las funciones a su cargo.”
ARTÍCULO 22.- Incorpórase como artículo 75 bis de la Ley Nº 24.946 el siguiente:
“ARTÍCULO 75 bis.- En atención al criterio de gradualidad fijado para la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la Ley de Implementación que se sancione a tal fin establecerá el número de cargos de Fiscales Generales de Coordinación y Control y Defensores Públicos de Coordinación y Control, y de Unidades Fiscales y Unidades Funcionales de la Defensa Pública Penal que habrán de crearse, definiendo sus correspondientes estructuras internas. Para ello se tendrá en cuenta el volumen de procesos que deberán atenderse y las modalidades que impone el nuevo ordenamiento.
La Ley de Implementación establecerá mediante criterios objetivos el modo y número en que se transformarán los cargos existentes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, para proveer a las necesidades de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, de un modo que no implique disminución de sus remuneraciones.”
ARTÍCULO 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.