El proceso penal en la ex UNION SOVIETICA [1]
Cada república, unida o autónoma, tiene sus
propios códigos y, aunque existen bases fundamentales del Soviet Supremo, hay
aspectos legislados de manera diversa, por ejemplo, la participación de la
víctima en el proceso. Las reglas fundamentales de la Unión Soviética datan del
25 de diciembre de 1958.
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Hay (o había) una Corte Suprema de la Unión
Soviética, Cortes Supremas de cada república, tribunales regionales y, los más
importantes: tribunales populares de distrito que entienden en el 98% de todos
los casos civiles y criminales. Todos los jueces son elegidos; los de distrito
por cinco años en votación universal, secreta y directa del distrito. Los
asesores, o jueces populares, por dos años y medio y por aclamación en los
lugares de trabajo o de residencia. Ambos son responsables frente, y pueden ser
removidos por, el electorado.
El Procurador General de la Unión Soviética
y los procuradores subordinados a él tienen amplios poderes de supervisión
sobre distintos organismos del estado y en procura de la observancia de las
leyes. Operan de manera centralizada y el Procurador General es nombrado por
el Soviet Supremo; sus subordinados son designados o confirmados por él; ambos
por períodos de cinco años. El Ministerio del Interior, del que a su vez
depende la Milicia, es parte del sistema de justicia criminal.
Salvo casos de menor cuantía ningún caso
criminal es decidido por jueces unipersonales; siempre actúan tres: un juez
profesional y dos asesores legos en primera instancia y tres jueces
profesionales en apelación. Por regla constitucional todos los procedimientos
son públicos.
Rige la presunción de inocencia y todos los
organismos que intervienen en la investigación están obligados a buscar las
pruebas sean de cargo o de descargo. Está prohibido el uso de coerción o
amenazas para obtener declaraciones del acusado y el art. 77 del Código de
Procedimientos ruso condiciona la admisión de la confesión a que la acusación
resulte corroborada por la totalidad de las pruebas. Una de las reglas
fundamentales (art. 430) prohibe que se condene únicamente por presunciones.
Está consagrado el principio de la verdad
real y la mayoría de los casos son investigados por el Ministerio del Interior;
no si se trata de homicidios u otros delitos de funcionarios que incumben al
procurador. Este último supervisa y da directivas en las investigaciones de
cualquier otro organismo incluso el Ministerio del Interior. Sus atribuciones
comprenden la de dar por terminado un caso. En el juicio puede llegar a retirar
la acusación si la investigación judicial no confirma la culpabilidad.
Luego de la investigación preliminar se debe
dar noticia a la organización, empresa, granja colectiva, etc., a la que
pertenece el inculpado, quien decide, previa discusión popular, si designa uno
de sus miembros para representarla ante la Corte. El representante puede ser
instruido para apoyar la acusación o defender al acusado pero puede variar de
posición según el curso de la investigación.
La detención preventiva de una persona puede
ser ordenada por el tribunal o por el procurador. Se puede recurrir esa
decisión ante una instancia superior del procurador, no ante otro tribunal.
Normalmente no puede durar más de dos meses pero en algunos casos puede ser
prorrogado ese plazo. Para alcanzar al total de nueve meses hace falta la
aprobación del Procurador General de la Unión. El arresto sin orden puede
extenderse sólo por 72 horas al cabo de las cuales sólo puede prolongarse con
el decreto del Procurador.
La participación del abogado comienza cuando
está completa la investigación preliminar. Tiene derecho a partir de ese
momento de entrevistarse libremente con su defendido y tomar conocimiento de
todos los elementos del caso. La víctima, el actor civil y el responsable
civil tienen también derecho a participar del procedimiento y pueden peticionar
igual que las otras partes.
El procedimiento se inicia con un
"decreto de iniciación" por quien toma a su cargo la investigación.
Un nuevo decreto se debe dictar cuando se han reunido pruebas que señalan un
acusado y, en esa ocasión, se establecen las medidas precautorias. Finalmente
el investigador prepara su acusación cuando ha completado la recolección de
pruebas y la somete al procurador quien debe verificar los elementos del caso y
el resguardo de los derechos. Con su aprobación el caso es enviado al tribunal.
Surge entonces una instancia intermedia en
la cual el tribunal meritúa la suficiencia del caso sin pronunciarse sobre la
culpabilidad sino solo sobre el mérito de la acusación. Esto lo hace,
generalmente, un juez unipersonal salvo en ciertos casos como los de menores o
aquéllos en que no está de acuerdo con las conclusiones de la acusación, en
cuya hipótesis intervienen los tres miembros (juez profesional y asesores
legos). Se concluye por una de tres alternativas: desestimación, reenvío para
mayor averiguación, o remisión a juicio. El filtro de esta instancia está reflejado
en la circunstancia de que un porcentaje elevado de casos son devueltos para
mayor averiguación.
La audiencia está regida por los principios
de oralidad, inmediación y continuidad y por el sistema acusatorio. Comprende
una fase preparatoria en la que se verifica la presencia de los convocados y se
atienden las objeciones; una fase de dilucidación en la que el tribunal y las
partes interrogan al acusado y a los testigos, leen los documentos e incorporan
las demás pruebas; una fase de debate y una declaración final del acusado.
La decisión debe basarse en las pruebas
presentadas en la audiencia. Se delibera en secreto entre los miembros del
tribunal. Caben las apelaciones que se resuelven sin recibir pruebas y cuyo
resultado puede ser la confirmación, la revocación con reenvío, la revocación
con absolución y la atenuación de la sentencia.
El rol del "Procurador" en la ex Unión
Soviética [3]
La procuraduría rusa tiene origen en el
régimen zarista, en 1722. Originariamente su función era supervisar el
cumplimiento de las leyes por los organismos de los gobiernos locales y
también del gobierno central. Con la reforma de 1864, que suprimió la
instrucción judicial, se transformó en órgano de acusación penal del estado. A
partir de 1922, con el régimen soviético, volvió a asumir funciones de supervisión.
Desde su nacimiento, la Procuraduría fue siempre representativa del Poder
Legislativo.
Aparte del Procurador General de la Unión
existen los de cada república, territorio o región, nombrados por el primero.
Con las reformas de 1991 se produjo una descentralización y ahora cada
república designa sus procuradores. Como no hay juez de instrucción, la
supervisión de las investigaciones preliminares está a cargo de la
Procuraduría.
Según Klochkov, la misión de supervisión de
los fiscales debe independizarse de la de acusar. Esta última incumbe al Poder
Ejecutivo.
El abogado en la ex Unión Soviética [4]
.
Por ley del 10 de abril de 1990 el abogado
defensor un un caso criminal interviene desde la presentación de la acusación
o dentro de veinticuatro horas del momento de la detención pero, por regla
general, el acceso a la prueba sólo lo tiene una vez completada la
investigación. Además, el "investigador" (no necesariamente el
"Procurador") puede limitar la duración del examen de las pruebas. La
ley también establece el derecho a la comunicación en privado del sospechoso o
acusado con su defensor. Durante el juicio el defensor tiene el privilegio de
ser el último que interroga.
La administración de justicia y las garantías procesales
en la ex Unión Soviética [5]
La estructura de los tribunales comprendía
los de la unión y los de las repúblicas, unificadas o autónomas (es decir,
incluidas dentro de otras repúblicas), cada uno incluyendo una Corte Suprema.
Hay también tribunales de áreas, regiones, ciudades, circuitos autónomos y,
finalmente, de distritos populares. Fueron abolidos los tribunales de "Camaradas".
Todos los tribunales funcionan como
tribunales de juicio y la función de "tribunales de investigación o de
policía" la ejercen, según Ametistov, los de distritos o bien de pueblos
(towns) si el pueblo no tiene distritos. En todos los casos, para entender en
juicio, los tribunales se integran con un juez profesional y dos asesores
legos. Las enmiendas de 1990 establecieron el derecho al juicio por jurados
en casos de delitos que tengan pena de más de diez años de prisión o de muerte
pero, en 1991, todavía no habían sido puestos en práctica.
Con excepción de los tribunales de
distritos, todos los demás tribunales ejercen jurisdicción de apelación por una
especie de casación que los acusados tienen derecho a deducir.
La legislación de 1991 excluyó toda
intervención de los jueces en la etapa previa al juicio, la que está a cargo
del procurador, la policía o la KGB. Los jueces pueden ordenar investigaciones adicionales
únicamente durante el juicio. La falta de control judicial de la etapa previa
es considerada por Ametistov como una causa de violaciones de derechos civiles.
Tanto la Milicia como la KGB tienen atribuciones de allanar domicilios sin
orden judicial.
En el juicio hay una instancia preliminar
que da lugar a la desestimación de los cargos por parte de los jueces basada en
la falta de pruebas suficientes. Los jueces tienen la atribución de interrogar
a los testigos, acusados y demás participantes del procedimiento. Su fama de
favorecer siempre al estado en desmedro del acusado comenzó a cambiar en los
últimos años antes del colapso de la Unión Soviética.
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Antes de la disolución de esta última se
requería la participación de defensores y acusadores "sociales" en el
procedimiento. Desde entonces se transformaron en "representantes de la
opinión pública" pero sus funciones son muy vagas y más bien parecen
actuar como simples testigos.
Los jueces legos tienen iguales atribuciones
que los jueces profesionales y deciden incluso en cuestiones de derecho pero
los últimos ejercen siempre, en la práctica, la mayor influencia.
Los procuradores, además de supervisar las
investigaciones, tienen la potestad de arrestar, autorizar y practicar
pesquisas, ordenar la detención de sospechosos y hacerse cargo de la
investigación. El reclamo académico, desde hace años, es separar las funciones
de investigación y las de acusación.
La acusación en casos criminales es
atribución del procurador pero, en ciertos casos, como los de injurias y difamación,
pueden hacerlo abogados particulares.
Aunque oficialmente los procuradores no
reciben instrucciones, durante todo el período de dominio comunista, seguían
fielmente las indicaciones del partido o del gobierno, situación que ha
comenzado a cambiar lentamente.
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La revisión de lo hecho por los procuradores
la ejercitan los tribunales después de iniciado el juicio, incluso en cuanto
a arrestos, detenciones y pesquisas.
La independencia de los jueces en la ex Unión Soviética [8]
Hay colegios integrados por los propios
jueces que intervienen en la elección de los jueces profesionales. Estos son,
por otro lado, responsables y deben rendir cuentas al electorado. La cuestión
está actualmente debatida.
La influencia del partido sobre los jueces
fue un grave problema hasta hace poco tiempo. Según Galperin, ahora ha sido
superado
El proceso penal en la actual FEDERACIÓN RUSA [9]
Los participantes del proceso son siete (7):
el procurador; el investigador, el representante de una agencia de
investigación o encuesta preliminar, el juez, el abogado defensor, el acusado y
la víctima o su representante.
El procurador es la cabeza de la
organización, representa al gobierno en el juicio y supervisa el expediente de
la investigación preliminar; en casos de gravedad como homicidios debe tomar a
cargo la investigación. El investigador, que es un abogado, es quién
habitualmente hace esta última tarea para lo cual cuenta con una serie de
atribuciones como arrestar, secuestrar elementos, allanar domicilios, etc. Los
representantes de agencias de investigación son las fuerzas policiales y son,
en definitiva, quienes realizan el trabajo concreto como escuchar testigos,
reconocer el lugar del crimen, etc.
La investigación preliminar tiene un plazo
de 60 días que puede ser prorrogado por el procurador. Se desarrolla en secreto
y el imputado o su defensor pueden pedir diligencias.
Los tribunales están organizados en tres
jerarquías: de distrito con competencia en delitos con pena de hasta cinco años
de prisión; de región que conocen en delitos más graves y en apelación de los
de distrito y, finalmente, cortes supremas de repúblicas autónomas.
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En el trámite usual el investigador somete
sus conclusiones al procurador. Si concluye que no se debe acusar, previamente
tiene que dar vista del expediente a la víctima y/o al actor civil y después
también al imputado. El procurador resuelve en cinco días y tiene atribuciones
para decidir si acusa, si sobresee o si devuelve para profundizar la investigación.
Después de presentada la acusación formal un juez tiene que resolver en catorce
días si le da curso, si la desestima o si reenvía para mayores investigaciones.
En caso en que el acusado haya solicitado ser juzgado por jurados, hay una
audiencia preliminar después de presentada la acusación.
La implementación del jurado a partir de 1993 ha
sido hecha , hasta 1999, en nueve de las ochenta y nueve regiones aunque ya
había otras doce que lo estaban reclamando. El sistema se aplica a
requerimiento del acusado
Durante el juicio el acusado permanece en una
especie de jaula desde donde declara, es interrogado, o bien formula preguntas.
Se debe a problemas presupuestarios: no hay suficientes agentes de custodia.
Dado el rol inquisidor que acostumbran a desempeñar los jueces, los
procuradores pueden permitirse estar ausentes en el debate. Cuando interviene
el jurado la tendencia muestra un estilo mucho más acusatorio. Hay
instrucciones preliminares y resumen final.
Se mantiene, de todos modos, el sistema de los
asesores populares, dos por cada juez, que intervienen tanto en juicios civiles
como penales.
