LO QUE QUEDA ESCRITO EN UN JUICIO ORAL

Nota publicada en el diario La Nación del 15 de enero de 1994

I. NO HAY VERSION TAQUIGRAFICA
Una imagen familiar, merced al cine y a la televisión y a las tramas argumentales que ponen en pantalla el desarrollo de un juicio criminal, es la del taquígrafo que toma prolija nota de todo lo que se dice en la sala de la audiencia. Pero esa imagen no es la que presenta el desarrollo de un juicio oral en nuestro país; es la de un proceso llevado a cabo en los Estados Unidos.
En nuestros tribunales no se ven taquígrafos ni máquinas de taquigrafía. Por más que las leyes implantando el sistema oral en los tribunales na­cionales, lo mismo que las leyes provinciales que le sirvieron de antecedente y también las leyes más recientes que han modernizado los códigos procesales penales provinciales, contemplan la posibilidad de que se tome versión taquigráfica o bien se gra­ben los debates, no es ésa una práctica habitual ni se han adoptado medidas de implementación que permitan pensar en su utili­zación. Las actas de los procesos orales lo único que dejan consignado son los datos identificatorios y el cumpli­miento de las formalidades. Nada de lo dicho por los testigos o lo debatido por las partes queda asentado por escrito, salvo por excepción.
Entre los anglosajones, en cambio, los tribunales que ejer­cen jurisdicción en materia criminal, es decir, los de mayor rango, se distinguen, precisa­mente, por llevar registro escrito --normalmente en taquigrafía-- de sus audiencias. Se los llama por eso "Courts of record": tri­bunales de registro. Existen ade­más tribunales de "Magistrados" (Magistrate's Courts) que tienen un rango inferior[1] y que no llevan registros escritos ni versiones taquigráficas, pero sola­mente entienden en la etapa previa al juicio. La audiencia pre­liminar, como asi se la llama, en la que se discute sobre la sufi­ciencia de los cargos y las pruebas, tiene lugar ante los Magistrates, quienes determinan la inter­ven­ción de los jueces de mayor rango que, a su turno, deben juzgar con parti­cipación de un ju­rado.

II. EL EXPEDIENTE ESCRITO SE HACE ANTES
En nuestro sistema, tanto antes como después de im­­­­­plantada la oralidad, la instancia previa es la instrucción del sumario, que era y sigue siendo enteramente escrita y se encuentra a cargo de los jueces de instrucción.
Claro que hay muchas diferencias entre los "Magistrates" anglosajones y nuestros jue­ces de instrucción. Estos úl­timos tienen la misma categoría que cualquier otro juez mientras que los Magistrates son jueces legos que se desempeñan en forma honoraria sin percibir otra retribución que una compensación de gastos. Por otro lado, la instrucción tiende, en la práctica, a pro­lon­garse en el tiempo y a agotar la dilucidación del caso, mien­tras que la actuación del "Magistrate" es breve y circunscripta. El detalle que patentiza cabalmente la diferencia es que, mien­tras un "Magistrate" no tiene que de­jar documentadas cada una de sus actuaciones, un juez de ins­­­­­trucción tiene que formalizar cada uno de sus pasos en ac­tas llevadas con relativa solemnidad, autorizadas invaria­ble­mente por un secreta­rio de actuación.
Con esas actas y con todas las demás piezas escritas se forma el expediente, ese conocido personaje de nuestra práctica tribunalicia que conserva el prestigio derivado de un viejo ada­gio de los tiempos de la Inquisición según el cual "lo que no está en las actuaciones (escritas) no está en el mundo".
Nuestras leyes de procedimiento oral, entre ellas la dictada para los tribunales nacionales, se inspiran en la de la Provincia de Córdoba de 1939, emparentada, a su vez, con la legislación italiana de 1930. También se vinculan con el Código de Instrucción Criminal francés de 1808. Pero en la actualidad, tanto en Córdoba como en Italia y en Francia, se han producido transformaciones en sus leyes de pro­cedimiento penal que tienden a aproximarlas al modelo de en­jui­ciamiento anglosajón. Este último tiene un esquema de funcionamiento exactamente contrapues­to. Los trámites previos al juicio son abreviados e in­formales; solo hay constancias escritas del debate público. En nuestros tribunales, en cambio, hay un prolijo y extendido trámite previo cuidadosamente documentado por escrito mientras que el juicio oral posterior no queda registrado de ningún modo, salvo por ex­cepción.
Y ése punto es crucial para entender porqué el modelo de juicio oral implantado en nuestros tribunales no responde a muchas expectativas. Las averiguaciones oficiosas hechas previa­mente y consignadas con toda solemnidad en un expe­diente, condi­cionan el alcance del juicio público y restan tras­cendencia al debate oral. Por más que las normas legales señalen la regla contraria disponiendo que deben prevalecer las pruebas del juicio oral sobre las de la instrucción previa, la experien­cia real in­dica un fenómeno inevitable: el eje decisivo del pro­ceso se ubica del lado de aqué­llo que haya quedado asen­tado con mayor for­ma­lidad.
De allí, entonces, que el avance hacia la oralidad y la mo­dernización que trajeron las leyes últimamente dictadas, haya quedado en mitad de camino. Entre otras cosas, y aunque resulte paradójico el enunciado, porque un ver­dadero sistema de enjuiciamiento oral requiere el re­gistro es­crito.

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