Delitos económicos


UNA APROXIMACION AL TEMA DE LOS DELITOS ECONOMICOS

UNA APROXIMACION AL TEMA DE LOS DELITOS ECONOMICOS

(Trabajo publicado en parte en Revista Jurídica de Buenos Aires, edit. Abeledo-Perrot, 1990-II-pp.115/123)

DELIMITACION CONVENCIONAL DEL DERECHO PENAL ECONOMI­CO

Al hablar en general de los delitos de tipo patrimonial los autores clásicos los incluían como especies de los delitos con­tra las personas. También es clásica la distinción de las espe­cies de es­tos delitos entre los de violencia y los de fraude. En la antigüedad, por su lado, se distinguía el caso de las sus­tracciones de bienes sacros y regios, confundidos con el sacri­legio y castigados con particular rigor: "Si alguien roba lo de Dios o de la Corte, sea muerto, y también quien recibiera la santa cosa" consigna el artículo sexto del Código de Hammurabi [1]. En el otro extremo, entre los galos, el robo ser­vía como deporte para adiestrar a la juventud [2].
En la actualidad, la distinción que interesa es otra. No se trata de lo patrimonial sino de lo "económico". Pero la cuestión reconoce rangos de consideración semejantes: va desde la aplica­ción de los más severos castigos a la aceptación como travesura simpática de ciertos hechos calificados de delitos económicos.
Bajo Fernández, en su "Derecho Penal Económico aplicado a la actividad empresarial" (Madrid, Civitas, 1978, pag. 37 y sigtes.) deslinda el sentido estricto y el amplio tanto del De­recho Penal Económico como del delito económico. El primero es el que atiende a la intervención del estado en la economía, el segundo a la regulación jurídica de la produc­ción, distribución y consumo de bienes y servicios. La contraposición, según él, es entre el intervencionismo estatal por un lado y la economía de merca­do por el otro.
De acuerdo con esa distinción, los delitos económicos en sentido estricto serían, únicamente, los que atentan con­tra la determinación o formación de los precios, los delitos moneta­rios, el contabando y las infracciones fiscales. En senti­do am­plio, los que afectan bienes jurídicos patrimonia­les indi­viduales y que afectan además la regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios entre los que se incluyen los de insolvencia, competencia ilícita, abuso de crédito, estafa, fraudes alimenticios, delitos laborales, rela­cionados con sociedades mercantiles, receptación, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, falsedad de documentos, etc.
Martos Núñez, en su "Derecho Penal Económico" (Madrid, Montecorvo, 1987) incorpora a la noción "el sistema económi­co constitucional" y pretende sintetizar las concepciones amplia y estricta de Derecho Penal Económico asi como el criterio crimi­noló­gico y jurídico de delito económico al que define como "ac­ción realizada por personas respetables de elevada posición socio-económica, en el desempeño de su profesión y con abuso de poder, que lesiona o pone en peligro manifiesto y grave el orden público económico" (pags. 130/1 y 161)
Quintano Ripollés, en su "Tratado de la parte especial del Derecho Penal" (T.III, Madrid, Edersa, 1978) deslinda la catego­ría de las infracciones patrimoniales sobre el propio patrimonio que comprende las de insolvencia (alzamiento, quiebras y concur­sos), las negociaciones ilícitas que abar­can las especulaciones de precios, libertad en las su­bastas, los abastecimientos, pri­mas en el arrendamiento de vivien­das, monopolios y defensa de la competencia, usura, receptación y juegos ilícitos. También des­linda las infrac­ciones patrimoniales especiales que comprenden las de dere­chos de autor y propiedad industrial, por un lado, designa­das "de índole ideal" y las referidas a patrimonios espe­ciales, designadas "de índole material" referidas a montes y mi­nas, caza, pesca y aguas. Por otro lado, finalmente, están las infracciones patrimoniales de derechos especiales entre las que figuran las tributarias, de contrabando y monetarias o cambiarias.
Al ocuparse de la tutela penal de las especulaciones econó­micas destaca la ideología liberal que inspira las que considera clásicas: las que atentan contra la pureza de las subastas y de los precios naturales (pág. 199, T.III)

Una clasificación de los delitos económicos

La existencia de ciertos deberes cuyo reconocimiento supone, implícita y tal vez inadvertidamente, un sentido solidario abarcativo del conjunto de la sociedad es lo que, en definitiva, permite caracterizar el objeto de tute­la invocado por los bienes jurídicos supraindividuales y se advierte claramente en el caso de los delitos e­conómicos. Ateniéndonos a la legislación argen­tina vigen­te, que no es, sustancialmente, muy distinta de la que rige en otros países del mundo occidental, se pueden establecer algunas distinciones útiles a la clasificación de de esos deli­tos.
Están en primer lugar los que castigan ciertas situaciones de insolvencia que, más allá del interés individual de los acre­edores perjudicados, suponen que cada patrimonio o conjunto de bienes en poder de los individuos no deba ser des­­truido o dila­pidado al punto de afec­tar la cadena productiva de la comunidad. Es bastante característico, al menos lo es en la legislación ar­gentina, que estos delitos se encuentren castigados, sin embar­go, en orden a la protección del derecho de propiedad individual de los acreedores perjudicados. La afectación a la economía co­munitaria que, en la mayoría de los casos, se deriva de ellos, torna necesario incluirlos en la categoría de los delitos econó­micos. En el plano dogmático se impondrá, en consecuencia, pos­tular el carácter pluriofensivo de estos delitos por la afecta­ción, a un mismo tiempo, de la propiedad privada y el interés e­conómico general.
Están luego los hechos de fraude que afectan patrimonios co­lectivos: la recaudación tribu­taria y la de fondos de previsión o de ayuda mutual. La legislación especial dictada en la materia facilita el deslinde de los hechos de esta clase cuya inclusión en la categoría de los delitos económicos no ofrece tampoco di­ficultad.
La libertad de comerciar, la consiguiente posibilidad de competir y la preservación de los "mercados" son objeto de tute­la con la legislación actualmente llamada –en la Argentina y en varios países europeos- de "Defensa de la com­petencia". Antes lo era con la "Ley de Monopolios". En uno u o­tro caso está claro que los delitos castigados con estas leyes atienden al resguardo de cierta forma de organización económica antes que al interés particular de los competidores.
La clásica regla expresada en el adagio latino "caveat emptor" excluye toda consecuencia legal por los pequeños engaños y deslealtades que son característicos de ciertas prácticas co­merciales. Pero en la medida en que la producción, distribución o comercialización tienen lugar en mercados masivos en los que no hay transacciones cara a cara ni posibilidad de precaverse, la intervención legal y el castigo de las prácticas desleales adquieren un matiz distinto. Es la organización económica la que no tolera el abuso y la que justifica el castigo de esta especie de transgresiones a las cuales, por ende, hay que incluir tam­bién en la categoría de los delitos económicos.
Así como la libertad de comerciar es objeto de tutela, tam­bién lo son ciertas restricciones al comercio. Algunas de ellas tienen una larga tradición como las que atañen al comercio in­ternacional y se castigan a título de "contrabando". Otras, tam­bién ya proverbiales y bien conocidas, se originan en una época más reciente, como las del control de cambios o las relativas a los abastecimientos y precios máximos. Los delitos a que corres­ponden todas ellas tienen un claro sentido de protección de la economía de la sociedad, no sólo al margen del interés indivi­dual sino también, a veces, en contra de este último.
En resumen, tendríamos entonces:
I. Los delitos contra patrimonios individuales que afectan bienes jurídicos colectivos
II. Los delitos que afectan la integridad de patrimo­nios colectivos
III. Los delitos contra el libre comercio
IV. Los delitos contra las restricciones al comercio

Los bienes juridicos colectivos
En el terreno de la dogmática jurídico-penal la cuestión de la definición y deslinde de los delitos económicos está, funda­mentalmente, hoy en día, centrada alrededor del concepto de bie­nes jurídicos supraindividuales o colectivos. Se trata de un ob­jeto de tutela jurídica caracterizado por su naturaleza comple­mentaria. Al decir de Bustos Ramírez, mientras los bienes jurí­dicos individuales están en las bases mismas de existencia del sistema social, aquéllos operarían en relación a su funciona­­­­­­­­miento. En la misma categoría complementaria estarían los que tutelan las institu­ciones y los que atienden a un estricto con­trol. Lo que está en juego con esa noc­­ión de bienes jurídicos, que Bus­tos Ramírez prefiere designar como colectivos antes que supraindividuales, son las necesidades de carácter so­cial y eco­nómico o, dicho en otras palabras, la par­ticipación de todos en el proceso económico-social [3].
Mientras los in­tereses de contenido económico, por un lado, siempre están referidos a un ti­tular determinado, la economía, en cambio, concierne al "régi­men económico de la comunidad" y de esa discriminación es de donde puede deducirse el deslinde de los delitos económicos [4]. Tambien se puede decir, siguiendo a otro autor, que se trata de la tutela del orden económico esta­tal en su conjunto o bien el flujo de la economía en su organi­cidad de lo que sería sinó­nimo, en definitiva, la economía na­­­­­­cional [5]. O, si se quiere, la protección de intereses econó­mi­cos de tipo colectivo o social [6].
Bajo una perspectiva bastante diferente, como es la que sue­len emplean los autores anglosajones, se encuentra una aproxima­ción semejante. En el trabajo ya clásico de Sanford Kadish sobre el empleo de sanciones penales para la imposición de reglamenta­ciones legales de la economía, se señala como una de las carac­terísticas más importantes de las leyes que así lo hacen, el propósito perseguido con ellas de "proteger el orden económico de la comunidad".
Pero esta especie de nociones tienen una sustancia problemá­tica: la de su escasa utilidad para la función que siempre ha desempeñado el concepto de bien jurídico, es decir, la de servir como instancia crítica y de delimitación de los tipos penales. Hace poco lo señaló Winfried Hassemer. El Derecho Penal moderno, al proteger la economía, tiende a disolver el concepto de bien jurídico puesto que no se trata de intereses humanos concretos sino de instituciones sociales o "unidades funcionales de va­­­­­­­­­­­­lor" [7].
Para superar esta disfuncionalidad Hassemer propone una fór­mula conciliatoria: los intereses generales de la sociedad se deben funcionalizar a partir del individuo. La idea es retornar a la noción personal de bien jurídico limitando la protección de los de carácter colectivo a aquellos que brinden la posibilidad de servir a intereses del hombre individual. En otras pala­­­­­­bras,sólo se justifica el castigo cuando el objeto de tutela colecti­vo sea el medio para proteger concretos intereses del in­dividuo. La proposición es, desde luego, sensata, pero lo que no está di­cho es cual sería la fórmula para reconocer la mediación. Lo ú­nico que se puede establecer es una conclusión de política cri­minal que vale la pena consignar tal como la expone, a manera de regla, el propio Hassemer: "Cuanto más difícil sea conciliar le­gítimamente una a­menaza penal con un interés humano, tanto más cuidadoso se debe ser con relación a si se debe amenazar penalmente y cómo"
El carácter problemático de la determinación de los bienes jurídicos en los delitos económicos es, desde luego, una cons­­­­­­­­­­­­­­­tante en la bibliografía del tema. Los comportamientos aislados constitutivos de esta clase de delitos no suelen ser, en si mis­mos, mayormente dañosos. La dañosidad está relacionada con su e­ventual generalización y con el desajuste del modelo económico imperante. Esto último implica una gran relatividad histórico­-geográfica y ha hecho decir que los delitos económi­cos, a dife­rencia de los delitos tradicionales, no tutelan "va­lores humanos inmutables" [8]. O, con una perspectiva algo semejante, que la determinación está supeditada al dis­tingo del modelo de organi­za­ción económica que adoptan los esta­dos de la comuni­dad inter­na­cional, es decir, esquemática­mente, los estados del sistema capitalista, los del sistema so­cialista y los regí­menes interme­dios [9].
Esta diversidad de los modelos económicos no sería óbice, sin embargo, en opinión de Novoa Monreal, para reconocer una rama del Derecho o­riginal y autó­noma designada Derecho Económico asi como un bien jurídico espe­cífico denominado "orden público económico". Tampoco lo sería para admitir un rasgo de universa­lidad: la existencia de fenóme­nos seme­jantes al actual Derecho Penal E­conómico en todas las é­pocas de la histo­ria [10]. El dato es altamente significativo. En todos los tiempos, dice, por su parte, Jorge de la Rúa, el derecho ha sancionado atentados gra­ves a la actividad e­conómica de la comunidad. El ejemplo está en las normas sobre a­caparamiento de trigo en Roma o el castigo de la caza furtiva en el Medioevo [11].
No hay dudas, sin embargo, que se trata de un fenómeno de características peculiares en nuestro tiempo y, sobretodo, que esas características surgen a partir del llamado proceso de in­dustrialización de las naciones. Está claro, entonces, que la peculiaridad está constituida por una intensificación. A la ma­nera de esas bacterias que son huéspedes permanentes del orga­­­­­­­nismo pero que, en ciertas circunstancias, se multiplican y con­forman un cuadro patológico.
Y lo que es todavía más importante, en todos los tiempos también, esa clase de transgresiones han tenido una esencia pro­blemática. Si ella se debe, como entiende Pedrazzi, a la misma complejidad del fenómeno económico [12] igual se impone indagar más a fondo sobre sus características.

Transgresiones económicas y solidaridad social
Las precisiones que pueden conseguirse a partir de las rese­ñadas observaciones de distintos autores no son, desde luego, de gran alcance. Puede, eso si, establecerse una base problemática inicial. La proposición de Hassemer ya comentada, en definitiva, no hace sino señalar los graves inconvenientes que se derivan de la creación misma de delitos de carácter económico. Las dificul­tades con que se tropieza para su delimitación conceptual en la doctrina serían, por ende, una consecuencia de esos mismos in­­­­­­­­­­convenientes. El punto de partida que, más allá de las divergen­cias, parece posible adoptar, conduce a un único común denomina­dor: los bienes jurídicos a cuya protección corresponden los de­litos económicos conciernen a la tutela de la economía de una co­munidad en su conjunto. Y esta última noción, como es fácil advertir, se denota, exclusivamente, por su contraposición a la de protección de intereses económicos individuales o de grupos más reducidos o familia­res.
Los términos de la contraposición pueden ser varios. Se ha señalado, por ejemplo, el carácter dia­léctico de la re­lación de conver­gencia y antagonismo entre inte­re­ses de distinta naturale­za identificados como: in­dividuales, de grupo, difusos, y de la comunidad [13]. Pero para la verdadera utilidad de la reflexión se impone hallar el conjunto binario de términos anta­gónicos.
La familia y la sociedad civil son, en ese sentido, las va­­­­­­­­­riables más significativas que entran en juego. El fortaleci­­­­­miento de la cohesión en una debilita a la otra y vice­versa. Beccaría, que se ocupó del "ca­­rácter de la familia", en uno de los capítulos de su obra clásica, lo advertía claramente. Consi­derar a la sociedad como una reunión de familias, decía el autor de "De los delitos y las penas", es erróneo y contrario al espí­ritu regu­lador de la república [14]. Lo mismo que Ortega y Gasset que, en va­­­­­­­­­rias partes de su o­bra, mostró el carácter con­trapues­to y has­ta con­tradictorio de la familia y la sociedad ci­vil [15]. Tambien es, fi­nal­mente, una tesis sustentada por la "Antopología estructu­­ral" de hoy en día. Levi-Strauss, el crea­dor de la corriente de pensamiento asi llamada, lo expresa sin­téticamente en estos términos:"...la existencia de la familia es, al mismo tiempo, la condición y la negación de la sociedad" [16] .
Investigaciones recientes sobre la transformación de la fa­milia europea, aun emprendidas con el propósito de refutar la contraposición entre estado y familia, deben conceder que esta última ya no es la institución dominante en función de la cual se organizan las otras esferas de la sociedad[17]. Las mu­tacio­nes experimentadas en su estructura, en el aspecto demográ­fico, en el rol desempeñado por la mujer o en las relaciones intergeneracionales, a partir de la llamada "revolución indus­­­­­­­­­trial", son de tal magnitud que resulta imposible prescindir de ellas en la explicación de un fenómeno que se entiende caracte­rístico del proceso de industrialización como lo es el de los delitos económicos. Aun cuando tal característica sólo sea una intensificación de hechos que tienen vigencia permanente, como ya antes fue puesto de manifiesto, igual salta a la vista la co­rrelación entre ambas variables: la transformación de los víncu­los solidarios de parentesco y la organización económica a esca­las mucho mayores que las que permite el entorno familiar.
Mientras las unidades en que aparece organizada la actividad económica son los individuos y su grupo familiar cada una de e­sas unidades opera independientemente y contrapuesta a las de­­­­­más. Las reglas necesarias son las que aseguren el "fair play" dentro de la contraposición: se trata de evitar las trans­feren­cias furtivas, violentas, con engaño o con abuso de con­­­­­­­­­­fian­za. Más alla de eso impera el "caveat emptor" y el libre co­mercio entre los individuos. Los castigos de índole criminal se requie­ren únicamente cuando las transferencias tienen alguna de aque­llas características. En el interior de cada unidad, y fuera de las normas que rigen las transmisiones de riqueza en el orden familiar por medio de las herencias y las asociaciones conyuga­les, el dere­cho se desentiende y descansa en el control domésti­co generalmente ejercido por un jefe o "paterfamilias".
Esa verdadera actitud prescindente de la ley está claramente reflejada en la circunstancia de que la mayoría de los hechos delictivos de carácter patrimonial ocurridos en el seno de la familia se hallen al margen de la ley penal. Es la re­gla que e­xime de casti­go a los de­litos contra la propiedad en­tre parien­tes próximos que mu­chas legislaciones consagran, en­tre ellas la argentina (artículo 185 del Código Penal en vi­gor). Aún en aque­llas legislaciones que no establecen expresamente la exención, como ocurre en las de tradición germana, igual se verifica una situación semejante. En ellas se condiciona el ejercicio de la acción penal por los delitos de esa especie ocurridos entre pa­rientes próximos, a la exclusiva instancia de la parte damnifi­cada. Los Códigos Penales modernos afines a la tradición romana se han mantenido firmes en consagrar la excusa aunque con dife­rencias en cuanto a su mayor o menor amplitud. Su origen ances­tral se hace remontar al Derecho Romano y a la ficción de la u­nidad de persona. Se la explica como inspirada en el propósito de no relajar los vínculos parentales más directos pero también se reconoce que juegan en ella consideraciones de comunidad pa­trimonial familiar [18].
El funcionamiento de esa regla resulta, por eso mismo, indi­cativo del carácter de unidad económicamente solidaria de cada grupo familiar. Pero las necesidades de la producción industrial y masiva e­xigen unidades mucho más extensas que las del clan fa­miliar. To­da la sociedad está abarcada y, por lo tanto, pierde significado el segmento constituido por el orden solidario in­­­terno de la fa­milia.
Lo que interesa resaltar es que en una organización económi­ca masiva, de toda la sociedad, como la que de algún modo presu­pone la sociedad industrial avanzada, los clásicos delitos con­tra la propiedad tienden a disminuir su dañosidad. El ejemplo más apropiado es aquel del gran supermercado en el que se utili­zan provechosamente los inevitables hurtos cotidianos de merca­derías en las góndolas. Según el relato, la tabulación es­tadís­tica de los faltantes verificados en cada sección del esta­bleci­miento permiten verificar, cada vez que la cifra de ta­les faltantes disminuye en alguna sección respecto de la serie esta­dística, que se está frente a una inadecuada exhibición de las mercaderías. Desde que el negocio de esa especie de comer­­cios está en función de la tentación de poseer los productos ex­hibi­dos, el incentivo opera igualmente sobre adquirentes hones­tos y sobre eventuales ladrones, de donde la menor actividad de estos últimos es igualmente indicativa de la escasa atracción pa­ra los adquirentes.
Más allá de lo anecdótico el hecho sugiere otro interrogante a la reflexión.¿En que medida los apoderamientos ilícitos de bienes dentro de una comunidad están integrados en el proceso productivo en su conjunto? Es decir, el robo, el hurto, las defraudaciones son, también, actividades que atañen a la estruc­tura de la economía. Así, por ejemplo, si pudiera pensarse en que todos quienes se dedican a esa clase de actividades estuvie­ran aislados en una única ubicación geográfica, -un barrio, una comarca, un distrito- y si, al mismo tiempo se pudieran neutra­lizar o impedir sus fechorías, indudablemente habría un serio trastorno para toda la actividad económica del lugar. Es decir, al quedar sin recursos ellos y todos los que de ellos dependen, sufrirían una considerable merma los comerciantes, proveedores y prestadores de servicios que los abastecen, lo que repercutiría a la vez sobre mayoristas, fabricantes, empleados, niveles de empleo, etc. Se podrá argumentar que al no poder robar los la­­­­drones tendrían que dedicarse a otras actividades igualmente rentables y menos reprochables que terminarían por restablecer el equilibrio. Pero, aun dejando de lado las eventuales dificul­tades insalvables para lograr la adaptación, el tiempo necesario para lograrla sería seguramente considerable y tendría por con­secuencia que, de todos modos, hubiera un lapso de grave tras­­­­torno a una serie de actividades económicas encadenadas. Es lo mismo que ocurre cuando se cierra una fábrica importante. En ca­so de que sus trabajadores estén localizados en una zona deter­minada resultan fácilmente verificables los trastornos que allí suceden por más que a veces ocurra que, a la postre, en­­cuentren nuevas ocupaciones. Obviamente, la circunstancia de que los o­­­breros de la fábrica cerrada residan en lugares distintos con­­tribuye a desdibujar el efecto dañino del desempleo pero no hay duda de que éste tiene lugar. Lo mismo cabe decir de las o­cupa­ciones ilícitas; aunque no tengan la localización propuesta como hipótesis especulativa la abstención forzada de quienes se dedi­can a ellas tiene que tener reflejo en la cadena de la pro­duc­ción económica.
En otras palabras, las transferencias de bienes dentro de u­na comunidad, son una variable inexcusable en el funcionamiento de todo el sistema económico y no están excluidas de ellas las que tienen lugar de manera furtiva o violenta o fraudulenta. También esa clase de transferencias tienen que ser consideradas en el conjunto.
En una perspectiva utópica, y aparentemente inalcanzable por ahora, una sociedad organizada económicamente de manera verdade­ramente solidaria de­bería conferir a los delitos contra la pro­piedad, en general, un status semejante al que hoy en día se les asigna cuando tienen lugar entre quienes son parientes próximos. Bajo esa perspecti­va, los castigos crimi­nales, como "última ratio" del sistema so­cial, podrían quedar de lado y sería prefe­rible no utilizarlos con esa clase de delitos. En otras pala­­­bras, una organización económica en que las unida­des productivas invo­lucren a toda una comunidad y no sólo a un clan familiar de­biera poder desentenderse del problema de algunos delitos que, aunque suponen la indebida apropiación de ciertos bienes, no trastornan la economía del conjunto. Al menos sería posible pen­sar que la criminalidad de esa clase de hechos no debiera ser mayor que la que, hoy en día, se atribuye a los que tienen lugar dentro del ámbito familiar. El castigo quedaría reservado a los hechos que afecten la es­­­­­­­­truc­tura del sistema, cosa que no ocurre con las apropiaciones de bienes par­ticulares que pasen de uno a otro individuo dentro de la misma comunidad. Los verdaderos de­litos de índole patrimonial serían, en consecuencia, únicamen­te aquellos que hoy conocemos como delitos económicos.
De cualquier manera, la extensión de esas unidades comunita­rias económicas está siempre determinada por su contraposición con o­tras. Solidaridad y oposición son las coordenadas de los hechos sociales y su in­tersección marca el punto que delimi­ta cada seg­mento. Para ex­presarlo en las palabras de un etnólogo contemporáneo "a cual­quier nivel de una determinada estructura social, la solidaridad de un grupo depende de la existencia de otro grupo al que puede aponérsele. Lejos de ser algo innato, el fenómeno solidario es una función de su relación con aquello que se halla conceptual­mente excluido de él" [19].
Un autor ya clásico de la Antropología Social moderna, Fransz Boas, al descartar las ideas ingenuas de progreso, pro­­­­­­­­­­­­pias del historicismo evolucionista, puntualizaba que el grupo ce­rrado al que pertenece un individuo reconoce un código de éti­ca humana en cierta forma invariable. La diferencia, decía Boasz, "reside más bien en la extensión del grupo social hacia el cual se sienten obligaciones y un discernimiento más claro del dolor humano"[20]. Hoy en día, sin duda, esa extensión tien­de a estar referida a las fronteras del estado asi como en otros tiempos o en sociedades distintas de las que integran la civili­zación occidental, no puede imaginarsela más allá de los límites del clan o de la tribu.
La diferenciación propuesta por Boas es, posiblemente, la fórmula más acabada para des­lindar los fenómenos sociales y da clara ex­plicación de las di­ficultades con que tropieza el Dere­cho Penal Económico. La forma­ción de una con­­­­­ciencia comunitaria que abarque segmentos socia­les apropiados a un sistema económico de produc­ción masiva exige que los indivi­duos dejen de ver al entorno fa­miliar, o al de los vecinos de la aldea, como los úni­cos suscep­tibles de cre­arle de­beres solida­­­­­rios y piensen, en cambio, en comportarse de modo leal hacia mu­chos otros indivi­­­­duos (tal vez millones de e­llos) con la mayoría de los cuales no tendrán el menor contacto en to­da su vida.
A todo esto, la vigencia del Derecho Penal es, en cierto sentido, la ins­tauración de un sistema de castigos que no sean una pura reac­­­­­­ción indiscriminada y supone, fundamentalmente, un criterio de coherencia racional y un relieve subjetivo en su a­plicación. Es­to es, en otras palabras, un cierto grado de com­­­­prensión humana hacia el transgresor y, por consecuencia, un re­conocimiento del vínculo solidario de pertenencia a la comuni­­­­dad. Y ese vínculo se da de manera estratificada. Dentro de una sociedad pueden distinguirse varios niveles de convivencia que confluyen y se contraponen. Las actividades económicas no esca­pan a esta regla y pueden estar organizadas de manera de corres­ponder a alguno de esos niveles. Cuando se trata de que lo sean en función de la comunidad toda los resultados tienden a optimi­zarse pero, al mismo tiempo, surgen otras dificultades, esen­­­­cialmente, la ya mencionada concerniente a la creación de u­na conciencia comuni­taria apropia­da a la dimensión extendida de esa clase de activi­dades.
El fenómeno, como ya ha quedado de manifiesto, se aprecia desde las dos vertientes. Por un lado, en la proclividad a la transgresión por la dificultad de comprender la cuantía del daño comunitario que puede ser individualmente insignificante. Por el otro, y he aquí la esencia problemática que incumbe al tema de los delitos económicos, en la necesidad de instrumentar un régi­men de sanciones que atienda a las necesidades de disuasión sin declinar de lo que es sustancial a la noción misma del Derecho Penal: conformar un mecanismo de castigos coherentemente discri­minados y aplicados en función del relieve subjetivo de cada he­cho.



[1]Conf. A. Quintano Ripollés Tratado de la parte especial del Derecho Penal, Madrid, 1978, Edersa, T.II, pag. 36.

[2]Según consigna César en Las Galias, citado por Quintano Ripollés, op. cit. en nota anterior, T.II, pag. 41.

[3] Juan Bustos Ramírez "Los bienes jurídicos colectivos" en Revista de Derecho. Universidad Complutense. Monográfico ll. 1986, pag. 147/164.

[4] Es la distinción que propone Manuel de Rivacoba y Rivacoba en "Los llamados delitos socio-económicos en los Códigos Penales y en los proyectos iberoamericanos y en la propuesta de anteproyecto español de nuevo Código Penal" (trabajo incluido en el volumen "La Reforma Penal. Delitos Socio-Económicos" ed. de Barbero Santos, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1985, pags. 71/98).

[5] Es el punto de vista de Klaus Tiedeman: "Poder económico y delito" (trad. A.Mantilla Villegas), Barcelona,1985,ed. Ariel.

[6] Es la nomenclatura que utiliza Jorge de la Rúa, aunque su punto de vista resulta bastante escéptico acerca de la posibilidad de encontrar una noción de delito económico a partir de la determinación de los bienes jurídicos tutelados ("Los delitos económicos" en "Doctrina Penal", Bs.As., año III,1980, Nro.9,pag.11/ 44.

[7] Winfried Hassemer "Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico" (traducción castellana de Patricia Ziffer) en "Doctrina Penal", nro.46/47, pag. 275/285 (Bs.As., ed. Depalma, 1989).

[8]Cesare Pedrazzi "El bien jurídico en los delitos económicos" (incluido en "La reforma penal-Delitos socio-económicos", ed. de Marino Barbero Santos, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1985, pag.279/298). La negación de esa característica está implícita en la afirmación de Pedrazzi de que el Derecho Penal Económico se contrapone a los capítulos centrales de los códigos en los que si se tutelan esa clase de valores.

[9]En el trabajo ya citado "El bien jurídico en los delitos económicos".

[10]Obra y lugar citado en nota anterior, pag.57 y nota al pié 21.

[11]Jorge de la Rúa "Los delitos económicos" en "Doctrina Penal" Bs. As., año III, 1980, Nº9, pag. 11/14.

[12]En el trabajo ya citado "El bien jurídico en los delitos económicos".

[13] Lo expresa asi Cesare Pedrazzi en el trabajo ya citado "El bien jurídico...".

[14] Cesare Beccaría "Dei delitti e delle pene" traducción de M. Doppelheim, Barcelona, ed. Sopena, pag.133

[15] Por ejemplo en el ensayo "Socialización del hombre" (incluido en el volumen "El espectador VII-VIII", Madrid, ed.Rev.de Occidente, colección El Arquero, 1961, pag.183/284).

[16] Conf. el ensayo "La familia" incluido en el volumen "Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia" ed. Anagrama, Barcelona, 1974, pags.47/49.

[17] Es el caso de la investigación llevada a cabo por Martine Segalen con el título "La revolución industrial: del proletario al burgués" que integra la obra "Historia de la familia" dirigida, junto con otros autores, por la misma Segalen (versión en castellano de ed. Alianza, Madrid, 1988, vol.II, pag.387/424).

[18] Así lo explica un autor de la materia como A. Quintano Ripolles en su "Tratado de la parte especial del Derecho Penal" (2da.edición actualizada por E.Gimbernat Ordeig, TºII, pag.141).

[19] Asi lo explica un autor de la materia como A. Quintano Ripolles en su "Tratado de la parte especial del Derecho Penal" (2da.edición actualizada por E.Gimbernat Ordeig, TºII, pag.141).

[20] Fransz Boas "Cuestiones fundamentales de Antropología Cultural", Buenos Aires, 1964 (ed. Solar-Hachette), pag. 209.